Los historiadores del Arte reclaman a la Junta de Andalucía poder ejercer de intérpretes del Patrimonio sin un carnet de guía turístico

Ni siquiera teniendo un trasfondo laboral con todo el regla: cuota de autónomos, cotización a la Seguridad Social, seguro de responsabilidad civil...

«¿Os imagináis que no se puede contratar a un arqueólogo para explicar un yacimiento?», pregunta de manera retórica Rafa Morales, fundador de la empresa sevillana Adarve Patrimonio Cultural que opera tanto en la capital como en Carmona.

La reclamación «no es algo nuevo», pero sí que ha tomado fuerza y actualidad en tanto que la Junta de Andalucía hizo público hace algunas semanas el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural, con el que viene a renovarse un marco normativo aprobado en 2007 y que, en consecuencia, quedaría derogado.

Con los cambios de un sector tan expansivo como el del turismo en la región, esta nueva ley se esperaba como agua de mayo. Sin embargo, los historiadores del Arte no están precisamente satisfechos pues ven que su figura no está contemplada a la hora de enseñar enclaves culturales. «Podría sacarme el carnet de guía, pero quiero que se reconozca mi trabajo», explica Morales, que asegura que han sido «muchas reuniones con el consejero y con técnicos de Cultura donde nos han transmitido su apoyo»... que luego no ha tenido correlación con el anteproyecto de Ley.

El responsable de Adarve sugiere además la paradoja de que «ellos mismos -la Consejería- nos contratan en ocasiones porque saben que somos los mejores especialistas en esos temas», pero luego frenan la actividad de un historiador a la hora de dar detalles de un monumento a un grupo de visitantes.

Además, inciden en que el problema no les afecta exclusivamente a ellos sino que también va a la contra de un profesional del Medio Ambiente, «que no podría explicar Doñana», un arquitecto, «que no podrían hacer una visita cultural» centrada en esa parte de los edificios; o del profesorado. «Del Alcázar de Sevilla han expulsado a profesores por ir con sus alumnos sin una acreditación», asevera Morales.

Eso sí, la Mesa de guías de Sevilla, que representa a varias Asociaciones Profesionales de Guías Turísticos de la provincia explica que ese caso en particular tuvo que responder a otra causa más allá de la mera divulgación, pues «el Decreto 187/2020, de 17 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía en su Capítulo 1, Artículo 2.2, deja claro que 'Quedan excluidas las funciones de divulgación y difusión desarrolladas por el personal al servicio de museos y conjuntos o instituciones del patrimonio, conforme a lo establecido en su normativa de aplicación, así como la labor educativa desempeñada por el profesorado en visitas concertadas por los centros docentes integrados en el Sistema Educativo Español, exclusivamente para el alumnado de su centro educativo'».

El de Rafael Morales no es el único caso de profesionales del sector en pie de guerra con la situación y, por extensión, con la Junta. Por ejemplo, la doctora en Historia del Arte Bárbara Rosillo, asidua colaboradora de este diario, también ha brindado su apoyo a una rotunda carta en la que el colectivo pide que se reconsideren diversos factores para el ejercicio de su sector y que ha sido remitida a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

De hecho, hasta el próximo sábado 27 de enero es posible enviar aportaciones respecto a este asunto, que estos profesionales creen que también es de interés para la ciudadanía, al menos para la que está implicada con el arte y con las visitas al patrimonio.

La Junta ha habilitado para tal efecto la dirección web alpca.ctdc@juntadeandalucia.es. «Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente», aclaran desde Cultura.