Nuevo juicio a Juana Rivas tras la suspensión de la vista anterior por la retirada de su abogado

Fuentes judiciales han confirmado a Efe que el juzgado penal celebrará mañana el juicio contra esta vecina de Maracena acusada de dos delitos de sustracción de menores tras permanecer casi un mes en paradero desconocido con sus dos hijos menores el verano pasado.

El juicio estaba fijado para el pasado 14 de junio, fecha en la que Rivas se presentó en la sede judicial con el letrado Juan de Dios Ramírez, que renunció a representarla y forzó así la suspensión de la vista en contra del criterio del juez, Manuel Píñar.

El titular del Penal 1 desestimó los argumentos de Ramírez para aceptar su renuncia a defender a Juana Rivas, pero tuvo que suspender el juicio porque el letrado abandonó la sala, hechos que el juez trasladó al Juzgado de Guardia, el Colegio de Abogados de Sevilla y a la Fiscalía.

En concreto, Ramírez trasladó al juez que, desde hacía cinco meses, no había participado de las actuaciones, que no había tenido tiempo de preparar la vista y que, además, la acusada confiaba su defensa al abogado José Estanislao López, que no pudo acudir a la vista para asistirla por encontrarse de baja médica.

Tras darle el juez un plazo de tres días para que designara a un abogado de su confianza, Rivas presentó la designación como letrado de José Estanislao López, el mismo que quería que la hubiera asistido en el juicio y que no pudo acompañarla por enfermedad, pero también del abogado Juan Manuel Pérez, del mismo despacho de aquél, por si su estado de salud le impedía nuevamente defenderla.

Rivas está acusada de permanecer en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, aunque ella mantiene que no ha cometido delito alguno, por lo que se considera exenta de responsabilidad.

La mujer ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y judiciales que, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolverse por la justicia italiana, que sigue además otro procedimiento civil por la custodia de los menores.