La Fiscalía de Granada denuncia a la exdirectora de Sierra Nevada por los sobresueldos de altos cargos

El Ministerio Público acordó la apertura de diligencias de investigación el 23 de noviembre de 2018, a raíz de un informe remitido a la Fiscalía por la Consejería de Turismo y Deportes a partir de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas .

Dicho informe sostiene que el director de organización y finanzas de Cetursa percibió complementos por antigüedad entre 2012 y 2017, pese a que no cumplía con los requisitos, por la que la Fiscalía solicita que se investigue el contrato fechado en julio de 2010.

Posteriormente, en el curso de las diligencias de investigación la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía, Consejería de la Junta de Andalucía a la que ha quedado adscrita Cetursa, presentó otra denuncia en la Fiscalía, en el mes de abril, por hechos similares que los relacionan con una adenda del contrato de la exconsejera de delegada , fechado el 1 de noviembre de 2010.

La denuncia pide también la investigación de las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017 y que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros .

La Cámara de Cuentas constató que durante unos dos años no se cumplió la nueva norma que desde 2012 reducía las retribuciones de la alta dirección y no fue hasta 2014 cuando se dio la orden de adecuar la nómina de los directivos a la normativa.

La modificación del organigrama aprobado por la alta dirección consistió en reconvertir las subdirecciones y direcciones en «áreas» , siendo cesados sus titulares como directores y nombrados jefes de servicio, con efectos de 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, dicho informe señala que «no consta» el acuerdo del consejo de administración que autorice el cambio de estructura.

La modificación de la estructura empresarial y, como consecuencia, la adhesión al convenio colectivo sectorial de los responsables de área, tampoco fueron «autorizados por el titular de la Consejería de adscripción ni cuentan con el preceptivo informe favorable de la Consejería de Hacienda».

La Fiscalía solicita al Juzgado que investigue esta decisión que, según los informes estudiados por la Fiscalía, podría no deberse a una mejora de gestión empresarial, sino la de eludir los límites legales . Por ello, la Fiscalía no descarta que la incoación de diligencias contra más directivos.