La Audiencia de Granada anula la investigación de corrupción en la Alhambra por un plazo caducado

Las dudas sobre qué magistrado debía instruir la causa demoró durante meses la designación definitiva de Moreno, que no fue nombrado juez competente hasta después de que terminara el plazo para declarar compleja la investigación y prolongarla así durante 18 meses más. La Audiencia de Granada no ha tenido en consideración esta circunstancia para declarar nulas todas las actuaciones realizadas desde que caducara el plazo el 3 de octubre de 2017. En cualquier supuesto, se mantendrían las actuaciones existentes previas a esa fecha.

Ahora, el caso puede tomar dos caminos: o bien puede ser archivado o bien debe pasar a su fase de juicio oral. Las fuentes del diario Ideal, que ha adelantado esta información, consideran que lo más probable es que se dé carpetazo a la causa, si bien la Fiscalía podría recurrir la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia para que puedan sentarse en el banquillo las 28 personas investigadas, las cuales tampoco han declarado en sede judicial.

Se da la circunstancia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada es la misma que juzgó el fiasco del caso Alhambra , la causa en la que se investigó el supuesto fraude en las entradas, un litigio al que la Junta de Andalucía presentó numerosa información falsa que fue tenida en consideración durante toda la investigación.

La mayoría de los investigados fueron detenidos en el pasado mes de mayo en una operación policial, denominada Colina Roja II , contra esta supuesta trama de adjudicación irregular de contratos en la Alhambra. El monumento, según la UDEF , se convirtió en una auténtica «agencia de colocación» de amigos y familiares mediante la creación de empresas cuyos directivos eran, en realidad, la cúpula del Patronato de la Alhambra.

La auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía cifró en al menos 12 millones de euros los daños ocasionados por esta presunta red clientelar. El Patronato de la Alhambra colaboraba conjuntamente con las empresas en la elaboración de los pliegos de condiciones «a medida» , como reveló una trabajadora, que llegó a declarar que los concursos eran un «parirpé» . Los investigados podrían haber incurrido en delitos como pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.