Denuncian la supresión de líneas educativas para el próximo curso

«No estamos dispuestos a consentir a que se cierre ni una sola unidad teniendo todas ellas demanda», manifestaba Carazo, recordando que el proceso de escolarización llevado a cabo por la administración autonómica «está siendo muy oscuro y lleno de incertidumbres». Los populares aseguran que tras el cierre de una unidad «viene detrás el de una línea (un curso entero)», lo que conlleva que «se pueden ir a la calle once docentes por cada una de las suprimidas el curso que viene». «La decisión de la Junta perjudica a los padres pero también a los docentes que ya son los que menos ganan en territorio nacional», criticaba Carazo.

La parlamentaria andaluza ha estado respaldada en su argumentación por alcaldes de municipios donde «se pisotea la igualdad de oportunidades para el alumnado» a la hora de elegir centro educativo. Es el caso de Motril, según denunciaba esta formación política, donde «muchos niños han sido redistribuidos a otros colegios» después de que la Junta ofertara plazas «que luego ha suprimido sin dar explicación». En un colegio «a mitad del proceso de escolarización redujeron 50 plazas a la mitad» mientras que en otro, el Cardenal Belluga, «han eliminado las quince que había», explicaba la alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro. Incluso habrá padres«que no puedan tener actividades extraescolares para sus hijos» puesto que han sido desviados «a centros concertados que no las ofrecen», criticaba.

Desplazarse a otros municipios

Para el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, la postura del Gobierno andaluz es «irracional e impositiva» después de que 45 familias de su municipio «se hayan encontrado con que se ha eliminado una línea del IES Alfaguara». «Exigimos que la escolarización se plantee con perspectiva de futuro y no con improvisación», reclamaba el regidor que ha recibido muchas llamadas de padres que «tendrán que desplazarse a otros municipios el curso que viene para llevar a sus hijos al colegio». 

Esta situación es la que han denunciado los padres y madres de los dos Institutos de Educación Secundaria de Santa Fe, donde su «hartazgo» les ha llevado a protagonizar un encierro en estos centros educativos. «No se le buscan soluciones –a la asignación de las plazas- a pesar de los años que llevamos sufriéndolo, y que nos mantiene instalados en la provisionalidad educativa», afirman en un comunicado estos progenitores. Igualmente, denuncian que en las reuniones mantenidas con la delegada provincial de Educación de la Junta, Ana Gámez, ha habido «falta de transparencia» sobre «el número de alumnos sin plaza, que tememos que sea muy superior al que inicialmente manejábamos pudiendo rondar los noventa».

Ante esta «situación tan absurda como innecesaria» que, además se repite cada año en estos centros de Santa Fe, los padres forzaron al compromiso de la Junta de que en el 13 de julio comience la matriculación para los escolares sin plaza en estos IES. Dicho proceso debería haber empezado el primer día del mes, «una prueba inequívoca» para los padres y madres de que «no existen las mismas líneas educativas que el curso pasado» en estos centros.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía se ha argumentado que es el Partido Popular el responsable de generar «confusión y engañar a la opinión pública creando conflictos en torno a la escolarización» y se insiste en que el proceso de escolarización «está siendo absolutamente normalizado, sin diferencias con los de otros años y no se han eliminado unidades ni líneas». Un extremo que, no sólo las quejas de los padres contradicen, sino también los sindicatos de enseñanza que aseguran que son 34 las líneas afectadas que podrían derivarse a la escuela público-concertada.

Además, tanto en Motril como en Loja se han firmado mociones de todos los partidos políticos de sus ayuntamientos exigiendo que se mantengan las líneas de los respectivos centros educativos de esos municipios.