El Gobierno entra en la guerra judicial de Juana Rivas contra su exmarido por su hijo menor y cuestiona a la Justicia

Hasta ahí, una guerra familiar con infinidad de capítulos y giros en los tribunales que ha sido retransmitida por los medios de comunicación desde el año 2017, cuando la izquierda se sumó a las movilizaciones en apoyo de la madre que, años después, fue condenada por sustracción de sus hijos menores.

En este pulso acaba de entrar en escena el Gobierno, un actor aparentemente ajeno a este pulso entre dos particulares que ha decidido tomar partido por Juana Rivas y cuestionar la decisión judicial. 

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, ha enviado una comunicación a la Fiscalía General del Estado en la que le solicita que actúe y realice «todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel», como se llama el hijo menor de ambos. Rego ha contado en las redes sociales que el niño de 11 años le ha mandado una carta «durísima» en la que reclama su ayuda para no regresar con el padre a Italia como establece una orden judicial.

La responsable del Gobierno ha atendido su súplica haciendo públicos algunos comentarios plasmados en la carta atribuida al menor: «Me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia», contó Rego en un vídeo colgado en Instagram y Facebook, en el que cuenta que se ha puesto en contacto con el organismo del fiscal general Álvaro Ortiz para «proteger los derechos» del menor. Escuchemos a Daniel», exhorta.

El pasado jueves otra ministra de Igualdad, Ana Redondo, del PSOE, remaba a favor de Juana Rivas y cuestionaba el auto del juzgado de Granada que ordena entregar el próximo martes 22 de julio al hijo menor a su padre, para cumplir una orden del Tribunal de Apelación de Cagliari, en Cerdeña (Italia), que reconoció su custodia.

El niño fue a visitar a la madre para pasar unos días en las pasadas Navidades y desde entonces no ha vuelto a Italia. La madre se amparó que un juzgado granadino le había permitido no regresar con su padre como medida cautelar. Con posterioridad, el órgano judicial italiano le otorgó la custodia al progenitor y ordenó su devolución.

Juana Rivas ha pleiteado en los tribunales para suspender su regreso a Italia alegando que Arcuri tiene un juicio pendiente en Italia por presuntos malos tratos ejercidos contra su hijo menor.

El paso del tiempo no ha apagado las hostilidades entre la madre de Maracena (Granada) y el padre italiano en un cruento pulso familiar que ha traspasado las fronteras judiciales y saltado a la escena política desde su inicio, sin que decaiga en ningún momento –es lo más sorprendente– su interés mediático.

Para descifrar el laberinto judicial del caso Juana Rivas hace falta algo más que un GPS, una brújula y un libro de instrucciones. Empecemos por el final. En un auto fechado el 14 de julio pasado, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, Cristina Luis Vílchez, fijó para el próximo martes la entrega del menor en la capital nazarí.

«Se estima que la ejecución del decreto del Tribunal de Apelación de Cagliari que concede al padre la guarda y custodia sobre el menor y ordena la restitución del mismo a su país de residencia habitual, no es contraria al orden público español ni al superior interés» del niño, se justificaba la juez.

No es la primera vez que los menores se ven envueltos en el fuego cruzado de denuncias entre sus padres. En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos. Uno de ellos ya es mayor de edad y reside en España.