El Gobierno central y sus socios arremeten contra la bajada fiscal de la Junta

La estrategia de la Consejería de Hacienda de la Junta es clara. Entienden que bajando los impuestos, la administración autonómica recauda más porque se estimula la economía. Y aportan datos para avalar esa tesis. En el año 2020 (cuando Moreno aprobó su primera reforma fiscal) había en Andalucía 280.000 contribuyentes más que en el año 2018 que aportaron 1.100 millones de euros más en todos los tributos, 800 millones de euros de los cuales provenían de la cuota del IRPF. Un dato relevante a juicio del Gobierno andaluz ya que este impuesto de la Renta también repercute en las arcas del Estado ya que Andalucía sólo ingresa la mitad de lo que se recauda por él.

Aunque lo que más ampollas ha levantado la sido la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Un tributo que sólo existe en España y no en el resto de países de la UE y la OCDE salvo Noruega y Suiza y que se considera una «anomalía en los países avanzados» según la consejera de Hacienda, Carolina España. La Junta va a dejar de ingresar 95 millones de euros el próximo ejercicio, una cantidad que supone el 0,6% del total de los ingresos tributarios y que esperan compensar con creces porque entienden que va a atraer más inversiones y más contribuyentes.

El ejemplo que aporta la Junta es el de un ciudadano inglés que pasa largas temporadas en la Costa del Sol en una vivienda valorada en 500.000 euros y un patrimonio total de 4 millones de euros. Si ahora, tras suprimir el impuesto de Patrimonio, se empadronase en Andalucía pagaría 81.000 euros al año de IRPF de los que 40.500 se quedarían en Andalucía.

Pero ese ejemplo es precisamente el que el Gobierno central quiere evitar. Según entiende la vicepresidenta Nadia Calviño, la ministra portavoz Isabel Rodríguez y los Gobiernos de Cataluña y País Vasco, este movimiento de Andalucía supone «una subasta populista», «una pesca de los ricos» o «una carrera a la baja que empobrece a todos». También están en contra los socios del Gobierno de Sánchez como Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís o la CUP que entienden que la reducción fiscal sólo afecta «a los ricos y empobrece a las clases medias».

La primera voz en censurar la bajada fiscal ha tenido que rectificar. El ministro José Luis Escrivá anunció la «recentralización» de los impuestos ante el «despropósito» de la Junta, olvidando que se trata de competencias recogidas en la Constitución y la Ley de Bases de Régimen Local como le recordó la consejera de Hacienda. La vicepresidenta Nadia Calviño ha sido más contundente: «Hay quien está embarcándose en una carrera absolutamente destructiva a la baja que empieza por la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas», dijo.

Desde el PP, sin embargo, defienden el modelo de Juanma Moreno como el paradigma del partido. Núñez Feijóo recordaba que Rodríguez Zapatero eliminó este impuesto entre 2008 y 2011, «entonces era de izquierdas» al tiempo que ha recordado que el presidente andaluz «ha cumplido el programa electoral que logró la mayoría absoluta en las urnas».

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López advertía al Gobierno andaluz y al de Madrid que también ha eliminado este tributo, «no vale que ahora vayan a poner la mano para que papá Estado compense esa pérdida». La Consejería de Hacienda hace otras cuentas y considera que la pérdida de ingresos para las arcas andaluzas se compensará con 7.200 nuevos contribuyentes, un crecimiento que ven posible con estas medidas.

El Gobierno andaluz considera, además, que la reforma fiscal afecta a una buena parte de los andaluces al modificar también a los tramos del IRPF y al canon de agua que se suprime en todo el año 2023 y supondrá que los andaluces tengan que pagar 140 millones de euros menos por este concepto.

«La deflacción del IRPF afectará la mayoría de los andaluces, ya que el 80% de los contribuyentes están en los tres primeros tramos (es decir con ingresos hasta 35.200 euros de base liquidable) y van a ver reducida su cuota en un 4,3%» explicaba el secretario general de Hacienda de la Junta, Manuel Vázquez.

La deflacción provoca que al subir las bases de los tributos habrá más personas que puedan acogerse a estas medidas fiscales, «y muchos contribuyentes que no tendrían que declarar pero que verán ventajoso hacerlo porque les saldrá a devolver».