El caso Formación en Andalucía no es ningún bulo: respuestas para entender por qué

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla trata de determinar si hubo un descontrol deliberado en la concesión, gestión y control de las ayudas repartidas por la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación entre 2009 y 2012, en la etapa del PSOE, con el objetivo de «favorecer» a determinadas empresas o entidades en el reparto de casi 2.900 millones de euros.

La juez Mercedes Alaya abrió la macrocausa de Formación el 7 de marzo de 2014 al encontrar inicialmente vínculos con el fraude de los ERE que empezó a investigar el 19 de enero de 2011. El detonante de este caso de corrupción que salpicaba a los gobiernos socialistas en Andalucía fue la denuncia presentada ante la Guardia Civil por el que fuera jefe del departamento de gestión de Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Sevilla, Teodoro Montes, quien se convirtió en un testigo protegido para el juzgado al destapar numerosas irregularidades en las acciones formativas.

En agosto de 2013, el funcionario Teodoro Montes relató la falta de vigilancia de la Junta sobre los cursos financiados con dinero público, descontrol justificado por sus superiores ante la falta de tiempo y de personal suficiente para revisar los miles de expedientes que se tramitaban. Sin embargo, la Junta decidió seguir inyectando el dinero a empresas para no renunciar a los fondos que cada año aportaban la Unión Europea y el Estado. El funcionario, ya jubilado, sufrió el acoso y hostigamiento de sus superiores, que desmantelaron su departamento y lo dejaron sin teléfono ni Internet.

La juez Mercedes Alaya, que abrió esta causa, sospechaba que los gobiernos socialistas crearon «una red de clientelismo político» a través de los cursos de formación que subvencionaba, con el único objetivo de fidelizar el voto. El fallecido Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, declaró a la juez Alaya en 2013 que el fondo de los ERE, por el que terminaría siendo condenado, no tenía punto de comparación con el dinero destinado a los cursos de formación. Si él gestionaba una media de 54 millones al año para repartir entre empresas, la formación representaba 290 millones al año, cinco veces más, afirmó.

Están investigados 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Entre ellos, cuatro exdirectores generales, ocho exdelegados provinciales y varios exjefes de servicio que fueron detenidos en marzo de 2015 dentro de una operación, denominada Barrado, desplegada por la Guardia Civil, que abrió los informativos nacionales. La juez también abrió diligencias contra tres exconsejeros que tuvieron competencias en materia de Empleo desde 2004 hasta 2013: Antonio Fernández —condenado por el caso ERE—, Manuel Recio y Antonio Ávila.

El PP, que ejerce la acusación popular en el proceso, denunció que al menos 38 empresas vinculadas a excargos de la Junta, del PSOE o familiares o amigos de éstos, acapararon 48,39 millones de euros. Una de ellas fue la academia regentada por la mujer de Rafael Velasco. Cuando él era vicesecretario general del PSOE andaluz, la Junta gobernada por su partido le concedió ayudas por un montante de 730.000 euros para cursos de formación entre 2006 y 2009.