La Justicia mantiene viva la trama política sobre los 2.900 millones de euros en ayudas para cursos de formación en Andalucía

La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de dar un espaldarazo al actual instructor del caso Formación, José Ignacio Vilaplana, para que prosiga la investigación iniciada el 7 de marzo de 2014 por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien había destapado el caso ERE tres años antes.

Mediante dos autos dictados el pasado 30 de marzo, a los que ha accedido ABC, la Sección Primera de la Audiencia rechaza los recursos presentados por cuatro imputados: el que fuera director general de Formación Profesional para el Empleo (2010-2011) en la etapa del PSOE, Andrés Sánchez Fernández, y tres exjefes de servicio de dicho departamento en Córdoba, Sevilla y Huelva, Manuel Gavilán, Daniel Fito García y José Gil Flores, respectivamente. Los investigados alegaron una «grave infracción del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas» y «la falta de fundamento de las diligencias acordadas» y, por consiguiente, pidieron que se diera por concluida la instrucción.

Tras estudiar sus impugnaciones, la sala ha avalado dos resoluciones dictadas por el juez Vilaplana para prorrogar el plazo de esta investigación y continuar de este modo con las pesquisas que había ordenado para averiguar si existió algún tipo de connivencia entre los responsables públicos que participaban en la concesión y control de las ayudas y los adjudicatarios de las mismas para que éstos se apropiaran del dinero público.

El tribunal inclina la balanza del lado del juez. «La prórroga se encuentra plenamente justificada por la necesidad de practicar las diligencias acordadas» por la misma sección el pasado 1 de julio de 2019, argumenta. Se refiere al auto por el que la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir la causa sobre la presunta trama política tras admitir parcialmente un recurso promovido por los letrados del PP andaluz, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, contra el archivo que había decretado la anterior instructora, María Núñez Bolaños, en el año 2016.

Esta magistrada negó que existiera prevaricación, malversación o una trama tejida dentro de la Administración para favorecer a una red clientelar de empresarios afines a la Junta o 'cazasubvenciones'. Lo redujo todo a «posibles irregularidades administrativas», un criterio que era compartido por la Fiscalía. Pero la Audiencia consideró prematuro el carpetazo y emplazó al Juzgado a seguir indagando para determinar la responsabilidad de la Administración a la hora de conceder y vigilar el destino de las ayudas.

En el informe que dio alas a esta instrucción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detectó «intrusos y cazasubvenciones», es decir, empresas creadas con «la única finalidad de obtener las subvenciones». También halló cursos financiados en la comunidad con más parados de España que no se habían realizado y otros que endosaban a las ayudas facturas falsas o infladas.

El tribunal insiste en la misma tesis para desestimar los recursos. En uno de sus autos del pasado 30 de marzo, apunta a «la posible existencia de una situación de hecho y sobreentendida» para «no controlar las subvenciones, aun conociendo que ello quebrantaba la legalidad y siendo conscientes de la posibilidad cierta de que se produjesen apropiaciones y/o distracciones de fondos públicos, conocida y tolerada por los responsables». La sala no descarta que dicho descontrol fuera deliberado para «favorecer a determinadas personas y entidades», propiciando así «un mal uso generalizado de las subvenciones otorgadas».

El trabajo que tiene por delante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación policial, es descomunal. De ahí que la causa esté avanzando a paso de tortuga. El juez, a instancias de la Audiencia, le ha ordenado al Instituto Amado examinar uno a uno hasta 15.561 expedientes de ayudas almacenados en 2.229 cajas depositadas en dos dependencias del Servicio Andaluz de Empleo, en la avenida de Hytasa y la calle Seda, en Sevilla capital. Para este trabajo, la UCO cuenta con la asistencia de un interventor de la Junta de Andalucía y otro del Estado.

Tales expedientes estaban precintados desde 2014 por orden de la juez Mercedes Alaya, pero su sustituta en el juzgado, María Núñez, dispuso quitarle el precinto en 2017. Se quedaron así sin otra custodia que la de la Junta de Andalucía, cuyo anterior gobierno socialista se congratulaba públicamente del archivo del caso, mientras exigía disculpas al PP por ejercer la acusación.