Los expertos fiscales alertan: el 'impuestazo' a las grandes fortunas Andalucía les costará dinero a los españoles

A la postre, el impuesto elaborado por el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, «daña a las arcas públicas» a medio plazo, expone el informe 'El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas: Adecuación a la Constitución, los convenios para evitar la doble imposición y el derecho de la Unión Europea'. El estudio analiza el impuesto y su articulación técnica y está firmado por José Manuel Almudí Cid, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Aedaf.

El tributo lo se aplicará en aquellos territorios que bonifican el impuesto sobre el patrimonio o contemplan tipos inferiores a los anunciados para el nuevo gravamen. Es lo que sucede en Madrid o Andalucía, donde desde el pasado mes de septiembre el tributo que grava la riqueza está bonificado al 100 por 100, pero también en Galicia, que ha ampliado la rebaja desde el 25% al 50% este año.

El autor del artículo, José Manuel Almudí, calificó este impuesto temporal como un «alter ego del impuesto sobre el patrimonio» y achacó su creación a «una reacción por parte del Estado con la intención clara de neutralizar la política fiscal perfectamente lícita de determinadas comunidades autónomas», como Madrid y Andalucía, que han bonificado el tributo, según recoge en una nota la Aedaf.

Las prisas pueden acarrear efectos indeseados en la aplicación de una norma que ha estado rodeada de polémica y ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Andalucía por posible invasión de competencias.

El experto fiscal destaca la tramitación «extravagante y atropellada» que tuvo el impuesto en el Congreso, lo que evitó «las posibles modificaciones o enmiendas que hubieran sido propuestas en un debate sobre esta norma». «Si el Estado pretendía armonizar la imposición autonómica, debería haber acudido a la modificación de un bloque normativo claramente identificado por todos. Una armonización por la puerta de atrás es incompatible con el principio de reserva de la ley orgánica que establece la Constitución», apostilló Almudí. Un planteamiento que coincide con la queja del Gobierno andaluz.

La presidenta de Aedaf, Stella Raventós Calvo, lamentó que el impuesto «es pan para hoy y hambre para mañana» ante la ola de recursos que se presentarán en los juzgados. «Todas las impugnaciones de este impuesto, que nosotros recomendamos realizar, pueden traer como consecuencia un coste mucho mayor al Estado, que tendrá que devolver lo recaudado más los intereses de demora».

No es el único problema que arrastra el referido impuesto. Un fallo en el cálculo de las cuotas de un tributo creado para contrarrestar la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio (a efectos recaudatorios) por parte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) va a hacer que los más ricos terminen ahorrándose más que antes de que entrara en vigor la reforma impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y aprobada el 21 de diciembre por el Senado. Es justo lo contrario de lo que se pretendía con el tributo, que nació con una intencionalidad recaudatoria y política: que las grandes fortunas no se puedan beneficiar de las bonificaciones que aplican gobiernos regionales del PP. Se cobrará a las fortunas de más de tres millones de euros (3,7 millones, añadiendo el mínimo exento) durante 2023 y 2024, aunque el ministerio no descarta prorrogarlo.