La etapa de María Jesús Montero en Salud sumó numerosas condenas por retrasos con el cáncer de mama

Los errores de comunicación, con todo, han sido graves y desde la oposición del PSOE se está cargando con dureza contra el Gobierno regional, tirando también de bastante demagogia en ese dramatismo con el que desde esa formación aluden a «la vida de las mujeres' haciendo ver que las negligencias que se han producido no solo son gravísimas sino que, además, son algo exclusivo de este momento y de este equipo de Gobierno. Pero los datos muestran a las claras que no es así y refrendar que el dolor de las andaluzas afectadas no entiende de partidos.

La documentación recabada y analizada por ABC confirma, de hecho, que las demoras en los diagnósticos, en ocasiones con resultados terribles, proceden de mucho antes y que un relevante número de casos datan justamente de la etapa en la que la consejera de Salud era la socialista María Jesús Montero (entre 2004 y 2013), ahora vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta. Paradójicamente, la principal instigadora, como jefa del partido que es en la región, de las durísimas críticas lanzadas contra el actual Ejecutivo autonómico del PP. Repasando el amplio historial judicial se comprueba que existe una auténtica lluvia de demandas al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos en los diagnósticos y numerosas sentencias en contra de la Administración regional que coinciden con la fase en la que la socialista era consejera de Salud; muchas de ella por fallecimiento de las pacientes.

Los casos son múltiples y palmarios. A Edurne le prescribieron una biopsia para descartar o confirmar un posible cáncer de mama. Era el 23 de diciembre de 2007 pero el SAS tardó casi seis meses en realizarle la prueba. Edurne tenía un carcinoma ductal infiltrante de mama en fase II A. La demora en atenderla redujo su supervivencia al menos un 10%. Noemí, diagnosticada de cáncer de mama, acudió a su médico para una revisión en mayo de 2006 y le detectaron una lesión en el pulmón derecho. Tendrían que haberle realizado una TAC a los tres meses, pero fue citada a los seis meses para un nuevo examen radiológico. La lesión resultó ser una metástasis de su cáncer. Falleció sin conocer que el SAS sería condenado por no haberla atendido correctamente. Guillerma había sido diagnosticada y tratada de cáncer de mama. En 2004, en una de sus revisiones en el hospital Virgen del Rocío, los marcadores tumorales indicaron un aumento. Dos años después, el 23 de octubre de 2006, se le detectó una lesión subcutánea en el brazo. En diciembre fue ingresada con dolor en el tórax y 15 días después le dieron el alta. Guillerma falleció 44 días después por metástasis en el brazo que nadie le detectó. Edurne, Noemí y Guillerma son los nombres ficticios que aparecen en las sentencias que se pueden consultar en la base de datos del Poder Judicial y que condenan al SAS. Estos tres casos tienen algo más en común que los retrasos y errores en la detección del cáncer de mama: todos ocurrieron cuando Montero dirigía la sanidad de Andalucía.

Son sólo tres casos, porque hay muchos más de aquella etapa. Y no sólo de cáncer de mama, sino también de útero, de pulmón, de estómago… repartidos por toda Andalucía. Elisa (también nombre ficticio) acudió en febrero de 2008 al hospital San Cecilio de Granada tras realizarse pruebas en la sanidad privada. Hacía cuatro meses que sufría hemorragias uterinas fuera del periodo menstrual, pero se fue de alta. En mayo presentaba dolores hipogástricos pero no fue hasta noviembre de ese año cuando le diagnosticaron cáncer de cérvix. Falleció y su familia tuvo que ser indemnizada por el SAS. Según la sentencia, uno de los oncólogos manifestó que si se hubieran practicado las pruebas adecuadas, «se hubiera detectado el cáncer y no hubiera llegado a ser como un huevo de gallina en el cuello del útero».

Una búsqueda en la base de datos del Poder Judicial permite encontrar al menos trece casos de fallecimientos de pacientes de cáncer por retrasos y mal funcionamiento del SAS en la etapa de Montero. Los nombres que aparecen en las sentencias son ficticios por la normativa de protección de datos, pero el relato de los hechos es real. La actual candidata del PSOE a presidir Andalucía era viceconsejera de Salud cuando Esmeralda, una mujer sevillana, acudió repetidamente a su médico de cabecera desde 2001 con dolores y vómitos sin ser derivada en ningún momento al especialista. El 18 de marzo de 2003 entró por la puerta de urgencias del Hospital San Sebastián de Écija con cuadro de dolor abdominal y vómitos. Le hicieron un análisis de sangre y fue diagnosticada de «Dolor abdominal. Anemia». En septiembre se le hizo una ecografía y fue derivada al Hospital de Osuna, donde le diagnosticaron cáncer de estómago. Esmeralda falleció con 48 años y el SAS fue condenado a indemnizar a su viudo y a sus tres hijos.

La madre de Irene, de Almería, acudió cuatro veces en nueve días a urgencias con un dolor abdominal que no cedía. Tenía 76 años. El 5 de septiembre de 2012 le dieron el alta, cuando tendrían que haberla ingresado y haberle hecho pruebas. La enviaron a su casa. Falleció por una perforación intestinal causada por un cáncer de colon. El juez de primera instancia condenó al SAS a indemnizar a Irene con 69.021 euros por la muerte de su madre; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revisó la sentencia y elevó esta cantidad a 100.000 euros.

Juan Francisco vivió un calvario de dos años desde que se hizo la primera radiografía hasta que falleció. El 30 de enero de 2008 se le hizo una radiografía de tórax en la que podía apreciarse un cáncer de pulmón. Casi un año después, en enero de 2009, le diagnosticaron el cáncer en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y al año siguiente, en agosto de 2010, falleció con metástasis cerebral. El SAS fue condenado a indemnizar a su familia con 58.808 euros por el «anormal funcionamiento del servicio público sanitario».

Al Puerta del Mar acudió también Evelio, al que le tomaron una muestra para una biopsia en octubre de 2011. Le diagnosticaron hernia de hiato y esofagitis pero, según la sentencia, el SAS sabía por esa muestra que Evelio padecía un cáncer de esófago. No lo trataron. Casi un año después, en septiembre de 2012, tras una segunda biopsia, sí se le comunicó un diagnóstico de cáncer en fase avanzada. Evelio demandó en vida al SAS pero falleció durante el litigio. Su viuda y sus hijos retomaron la demanda, pero el SAS llegó a alegar que «los recurrentes no se pueden beneficiar de una reclamación anterior que no continuaron». La Justicia le dio la razón a los herederos del fallecido y condenó al SAS no sólo a indemnizarlos sino también a pagar las costas judiciales.

Fátima había superado un cáncer de cérvix en 1973 y desde 2005 venía siendo tratada en el área sanitaria de Osuna de diversas dolencias. En enero de 2006 comenzó a advertir a sus médicos de un dolor en el abdomen. Un año después, ante la falta de pruebas, decidió irse a la sanidad privada. Era enero de 2007 cuando le detectaron una «gran masa tumoral» en el abdomen. La operaron de urgencia y la sometieron a quimioterapia. Falleció cinco meses después. El SAS fue condenado a indemnizar a su familia con 18.000 euros.

Un año más tarde, el 27 de octubre de 2008, Alexis acudió al hospital pero no fue hasta febrero de 2010 cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata, de los más frecuentes en hombres. Falló la detección precoz que habría permitido tratar al paciente con unas probabilidades altas de curación. El SAS debió indemnizar a su viuda con 105.000 euros.

La sentencia 5083/2012 del TSJA no recoge ni siquiera un nombre ficticio de la paciente. Se dice que tenía 25 años y falleció por cáncer de mama. Se le diagnosticó por palpación un nódulo mamario, pero no se vio en la ecografía. Ni se le hizo mamografía ni tampoco una punción que habría permitido analizar el nódulo que era palpable. Procedía repetir el estudio entre los dos y seis meses, pero fue citada diez meses después. Entonces ya era tarde: tenía una metástasis ósea. El SAS fue condenado a pagar 60.000 euros. Los errores decisivos, como se observa, fueron muchos y no parecen algo que deba circunscribirse a un momento puntual. El número de sentencias es inabarcable desde hace lustros, desgraciadamente.