El empeoramiento de la sequía abre un nuevo frente entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, volvió a apuntar en una doble dirección. Por un lado, pidió coordinación, diálogo y dejar los intereses políticos a un lado, incluso llegó a abogar por el «buen rollo» con el Gobierno de España en esta materia. Pero al mismo tiempo sacó la lista de reivindicaciones con un punto de partida: el 67% de las políticas hídricas en Andalucía son competencia del Estado (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y sólo el 33% de la Junta. Por este motivo, pidió la ejecución inmediata de las 10 principales obras hidráulicas que el Gobierno de España tiene pendientes en Andalucía.

Entre ellas, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural destaca el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos del Tinto-Odiel-Piedras a Doñana, la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre y a presa de Pedro Arco en Huelva. En el ámbito de las desaladoras, la Junta pide inversiones en Carboneras, Bajo Almanzora y Campo de Dalias, Marbella-Mijas y Axarquía. La lista incluye también el saneamiento integral de la Costa del Sol y actuaciones en las presas de Gibralmedina, Siles, La Cerrada de La Puerta y San Calixto. Se reclama también la conexión de agua de Tabernas a la Venta del Pobre, en el Almería.

A esto se añadió una reclamación: «El Gobierno debe aprobar un paquete de medidas de ayudas ambicioso, extraordinario y urgente» Eso sí, el presidente subrayó que las medidas deben ser iguales para Andalucía y Cataluña, las dos comunidades más afectadas y advirtió del riesgo de un «trato de favor».

El Ministerio de Transición Ecológica también mantuvo un cierto doble discurso. Por un lado, «mano tendida» y disposición a adoptar todas las medidas necesarias. Pero por otro lado, dos reproches directos al Gobierno andaluz. La vicepresidenta Teresa Ribera criticó «el retraso en las inversiones en Andalucía» que ha contribuido a agravar la situación y advirtió de que no se había planteado formalmente ningún trasvase, ni siquiera el de Portugal. «El Gobierno sacará de apuros a Andalucía aportando todo lo que esté en su mano», apuntó el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. En este sentido, la Junta advierte que sí se han trasladado estas actuaciones de forma oficial.

«Los equipos técnicos de las comunidades autónomas de Cataluña y de Andalucía, junto con las dos confederaciones hidrográficas de competencia estatal y los servicios del Ministerio están trabajando ya para ver cuál es la mejor combinación, que esperemos no resulte necesario activar pero que nos debe encontrar preparados en caso de activar. Den por seguro, el Gobierno de España hará todo lo posible para que los vecinos de Barcelona, de Málaga, de Almería, de Sevilla puedan contar con aquello que esté en nuestras manos para poder tener garantizado el abastecimiento de agua de boca«, ha asegurado la vicepresidenta Teresa Ribera.

En el ámbito parlamentario, PP y PSOE ya chocaron en el grupo de trabajo para la sequía que se cerró sin acuerdo. Ahora, vuelven a mantener posiciones enfrentadas. El PP, a través de José Carlos Álvarez, defendió la gestión de la Junta y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «llegar tarde y de tener inversiones paradas» y le pidió «lealtad y compromiso» con Andalucía.

Según el análisis del PP, en estos cinco años el Gobierno de Juanma Moreno «ha movilizado más de 1.500 millones de euros en más 1.000 obras de infraestructuras hídricas, incluso ha salido en auxilio de ayuntamientos y del Estado, para agilizar la ejecución de obras que han resultado esenciales para afrontar ahora esta situación en mejores condiciones«.

«Es la seña de identidad del Gobierno andaluz, el diálogo en beneficio del interés común», ha expresado el dirigente popular, apuntando que es un esfuerzo inversor «incuestionable» Asimismo, ha pedido al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que «no utilice el agua como arma política y se ponga a trabajar para Andalucía, que se seca«. »El agua se acaba y ha llegado el momento de reaccionar, de tender puentes y colaborar todos juntos para buscar soluciones«, ha incidido.

Ante las declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre que las inversiones anticipadas no se han realizado a la velocidad adecuada, Álvarez ha dicho que «si hay un Gobierno que ha llegado tarde es el de Pedro Sánchez, que tiene 33 obras pendientes en el territorio andaluz«. Por este motivo, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez »lealtad y compromiso real para ejecutar las infraestructuras hídricas que llevan años paralizadas, y máxima colaboración para ejecutar todas las medidas que nos ayuden a que Andalucía pueda afrontar esta sequía con el menor daño posible«. »La falta de agua es un problema que debe abordarse como un asunto de Estado, por lo que pido al Gobierno de España que se sume a la vía andaluza del acuerdo en beneficio de todos los ciudadanos«, ha dicho.

Por su parte, los socialistas centran sus reproches en tres ejes. En primer lugar, la inejecución del presupuesto de inversiones que se anuncia para infraestructuras hidráulicas y contra la sequía, que cifran en más de 1.200 millones de euros que no se han puesto en marcha.

En segundo lugar, «la falta de compromiso» de la Junta de Andalucía con las poblaciones de la cuenca del Guadalquivir que están en buena medida fuera de los decretos autonómicos (salvo las medidas de auxilio complementarias que se incorporan) y que se corresponden con el 67% del territorio que de acuerdo con las declaraciones del presidente andaluz no están dentro de las competencias autonómicas.

Por último, el PSOE critica la «pose» del presidente andaluz en torno al comité de expertos de la sequía un órgano que de acuerdo con las críticas de los socialistas «sólo se ha reunido tres veces desde el año 2018» y que se convoca «para explicarles las medidas no para consensuar las más adecuadas». «Por su inacción y frivolidad Juanma Moreno es el responsable de las restricciones que va a sufrir la población andaluza», apuntó el parlamentario andaluz del PSOE Mario Jiménez.

En esta línea Vox también culpó «a la incompetencia de la Junta» de las restricciones que se van a aplicar en Andalucía ; mientras que Por Andalucía y Adelante Andalucía centraron sus críticas en la necesidad de revisar los macroproyectos turísticos y campos de golf que consumen agua mientras la población sufre restricciones.