Un defecto formal amenaza con archivar la causa que hizo dimitir a Gámez como directora de la Guardia Civil

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece límites máximos de seis o 18 meses para la instrucción de sumarios que pueden ampliarse mediante autos de prórroga. El recurso argumenta que no se dictó la preceptiva ampliación del plazo. La impugnación parte del mismo letrado que consiguió tumbar por otro defecto de forma el caso de corrupción de Isofotón, en el que otro juzgado estaba investigando a 37 ex altos cargos de la Junta y a la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir 80,5 millones de dinero público de forma irregular por los anteriores gobiernos andaluces del PSOE.

El cónyuge de Gámez está siendo investigado por el desvío de fondos públicos desde IDEA –la agencia de la Junta de Andalucía que pagaba las ayudas irregulares de los ERE– hacia una trama empresarial montada por él, su hermano Bienvenido Martínez y un tercer hermano, Manuel. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sospecha que, a través de dicho entramado familiar, trataron de ocultar el origen de los «importantes ingresos» que recibieron de manera irregular a través de sociedades que habían recibido subvenciones millonarias por parte de la misma agencia en la que Bienvenido Martínez fue directivo. Así lo apunta en un atestado remitido al juez instructor, quien ha pedido informes a dos interventores de la Junta y a la Agencia Tributaria para esclarecer los hechos. De entrada, aprecia supuestos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.

El magistrado busca el paradero de 1,36 millones de euros que la empresa Experience Management Group S.L., propiedad de Bienvenido Martínez Martínez, facturó a Santana Motor y a otras empresas subvencionadas entre los años 2009 y 2011, durante los gobiernos andaluces del PSOE.

Tras estudiar el recurso, la Audiencia de Sevilla decidirá ahora si mantiene vivo el proceso o, por el contrario, decreta el sobreseimiento. Un carpetazo significaría un giro de guion inesperado para un caso que sirvió de justificación a la anterior responsable del Instituto Armado para presentar la carta de dimisión a su jefe, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 22 de marzo.

El letrado del recurrente esgrime que se produjo un error porque al Juzgado se le habría pasado el plazo legal establecido para acordar la ampliación del periodo de la investigación y eso daría al traste con toda la causa.

El defecto se localizaría, según recoge su escrito, en el caso Santana Motor, que se inició en el año 2015, del que surgió la pieza en la que está siendo investigado el cónyuge de María Gámez, abierta en 2022. Según sostiene el abogado de Bienvenido Martínez, el magistrado debió dictar un auto para prorrogar seis meses más la instrucción antes del 29 de julio de 2022, pero «continuó con su tramitación en el erróneo entendimiento» de que por dividir la causa de Santana, «podría poner los contadores a cero».

Como consecuencia, «la llamada al proceso de mi cliente en una causa caducada es contraria al ordenamiento jurídico» y por esta razón solicita que éste sea apartado y, por ende, que decrete el archivo. En su recurso, también solicita al juzgado que remita el sumario completo a la Audiencia.