Según relata en una nota la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, el afectado vio agravada su situación económica por el colapso del sector inmobiliario, perdió su empleo hace dos décadas, y no pudo hacer frente a sus compromisos financieros.
«Durante años el peso de sus deudas con bancos y fondos financieros fue inasumible para su nivel de ingresos, que en su momento dependían de una prestación por desempleo», ha añadido esta asociación. A pesar de «sus esfuerzos por estabilizar su economía, las dificultades persistieron, agravadas por la posibilidad de que otras deudas archivadas en los tribunales pudieran reactivarse».
Cómo hacerlo
«Desde el primer momento, la Ley de la Segunda Oportunidad supuso un alivio inmediato, ya que se suspendieron todos los pagos y embargos en curso hasta que el juez resolviera el procedimiento», explica el abogado José Domínguez, encargado del caso.
El pasado 2 de diciembre el Juzgado dictó sentencia concediendo la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) y liberando al deudor de los 78.099 euros pendientes. Los acreedores, dos entidades financieras, ya no podrán reclamar ningún pago ni incluir al exdeudor en ficheros de morosidad.
Hay que recordar que los plazos legales para iniciar este tipo de procedimientos son la revisión del patrimonio del deudor para determinar si existían bienes susceptibles de liquidación para pagar parte de las deudas; y demostrar la insolvencia, la falta de antecedentes penales y el esfuerzo previo por intentar saldar las deudas.
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