La PAC trae desde el 1 de enero menos ayudas y más burocracia al campo de Córdoba

Las organizaciones agrarias han mostrado un descontento unánime con la actitud mostrada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cordobés Luis Planas (PSOE), durante las negociaciones de este programa y su aplicación al agro andaluz y cordobés. En el caso de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se prevé que la merma económica en Córdoba se sitúe en torno a los 75 millones de euros en los próximos cinco años, una cantidad que Asaja eleva hasta los 125 millones.

La relevancia de este plan es evidente, como demuestra el hecho de que las subvenciones que cada año reciben más de 38.000 empresarios agrarios de la provincia, que se cifran en cerca de 300 millones de euros anuales (unos 5.000 millones en todo el país), representan en torno a una cuarta parte de la renta agraria. Como consecuencia de esta inquietud entre los agricultores y los ganaderos, hay colectivos profesionales como es el caso de Asaja que han solicitado que se prorrogue un año la puesta en marcha de la PAC, cuya vigencia está fijada hasta 2027, para paliar en parte los efectos negativos sobre las explotaciones.

Los primeros pasos de este programa se dieron en la primavera de 2018, cuando Bruselas dio a conocer su Marco Financiero Plurianual (MPF) para el periodo comprendido entre 2021 y 2027. Este documento fue recibido con mucha frialdad por parte de las organizaciones agrarias y los gobiernos español y andaluz, ya que suponía un recorte del 4 por ciento de los pagos directos y del 15 por ciento en lo que se refería a los abonos correspondientes al desarrollo rural.

A partir de ahí se inició un ciclo temporal de arduas negociaciones entre la UE y España para reducir el impacto negativo de esta primera propuesta. Sin embargo, todo quedó en suspenso a principios de 2020, cuando se nombró un nuevo equipo de la Comisión Europea (CE), se activó el Brexit y, principalmente, irrumpió la crisis sanitaria de la Covid-19. Se decidió entonces que la entrada en vigor de la nueva PAC se retrasaría dos años hasta 2023, algo que, en su momento, fue recibido positivamente por el campo cordobés.

En diciembre del año 2021 se conocieron los reglamentos que fijaban las grandes líneas de actuación de la PAC, entre las que se encontraban una mayor preocupación por el medio ambiente y la dotación a los estados de una mayor responsabilidad de los estados a la hora de gestionar las subvenciones dentro de su territorio. Meses después el departamento encabezado por Planas hacía público el plan estratégico que establecía los detalles más concretos del programa.

El rechazo de la propuesta del Gobierno central por parte del agro cordobés y andaluz y del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) fue unánime, debido a la intención del ministerio de reducir las regiones de la PAC en España de 50 a 20, lo que se consideraba muy perjudicial al no respetar los equilibrios territoriales y sectoriales. Desde Asaja se lamentó especialmente la falta de diálogo de Luis Planas en un asunto de tanta transcendencia para la actividad primaria provincial. El titular negaba la mayor al señalar que este programa «era una buena oportunidad para hacer frente a los retos del futuro a los que se enfrenta el campo español y andaluz, además de que generará más valor y riqueza».

El mayor peso que las autoridades comunitarias otorgan al respeto y cuidado de la naturaleza y el entorno se traduce en la PAC en más criterios que tendrán que cumplir los agricultores y los ganaderos para poder tener acceso a los fondos financieros. La herramienta elegida para este fin son los conocidos como ecoesquemas, que son las acciones ligadas a la sostenibilidad que deben cumplir los propietarios de las explotaciones para cobrar unas subvenciones que suponen en torno a una tercera parte del total.

Los productores señalan que estos mayores requerimientos conllevarán más gastos, que se suman al fuerte encarecimiento de sus costes que han sufrido en aspectos como la electricidad, los carburantes, los fertilizantes o los abonos. También ponen de manifiesto la mayor carga burocrática que deberán cumplir y el aumento de las limitaciones a la hora de llevar a cabo su labor.

Desde Bruselas también se pretende que las nuevas tecnologías lleguen a las explotaciones. De esta forma, desde este verano se exigirá a los productores tener un registro de todas sus operaciones y los tratamientos fitosanitarios que llevan a cabo en un cuaderno digital como una condición básica para poder percibir las ayudas. Asimismo, se requerirá que los agricultores y ganadores lleven un control de sus fincas mediante la información por satélite a la que podrán acceder mediante sus teléfonos móviles.

Desde Asaja se han puesto de manifiesto las enormes dificultades que muchos productores tendrán para manejarse con estos aparatos debido a su elevada edad media. No en vano, la patronal agraria alude a los datos oficiales del Ministerio que indican que el 91 por ciento de los empresarios agrarios españoles tienen más de 40 años y, más concretamente, el 38 por ciento tiene más de 65 primaveras. «La brecha digital es más acentuada en el medio rural donde, en muchos casos, no hay ni siquiera acceso a Internet», lamentaron desde esta organización profesional.