Los testimonios del campo en Córdoba: «Duele muchísimo tener que echar la persiana después de 14 años»

Antonio Rojas es miembro de Asaja. Tiene terrenos para el cultivo en Santa Cruz, en el término municipal de Córdoba, y también La Rambla. Se dedica fundamentalmente al olivar, el garbanzo y el girasol. Entiende las protestas de sus compañeros de profesión con las tractoradas que han colapsado las carreteras y las principales ciudades de España.

Rojas resume la situación de forma muy gráfica. «La gente del campo cada vez está más al límite, porque parece que hay un empeño en quitarla del medio. Eso es ser muy mal pensado, pero es lo que parece», al vislumbrar la lista de imposiciones y requisitos que tienen, especialmente desde Bruselas pero también «en el Gobierno de España», ya que me «parece muy bien la subida del SMI, pero si a ti no te suben los precios del producto y sólo te crecen los costes, ¿cómo lo pagas?».

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Como conclusión, Rojas apunta que «conozco gente que lo deja porque está aburrida y tampoco nuestros hijos quieren seguir en estas condiciones». Antonio Rojas expone que «cada vez tenemos más requisitos, más exigencias y somos muy poco correspondidos porque ya no podemos mandar ni en nuestros campos porque estamos muy condicionados».

Para Rojas, «sólo se controla el 0,5 por ciento de los productos que entran de otros países» y éstos deberían «tener los mismos requisitos que se nos exigen a nosotros en la UE, ya que no podemos competir».

Inés Criado es la vocal de Comunicación de Subbética Ecológica, una asociación de productores y consumidores de Cabra que se ha visto obligada a cerrar su explotación. Es una demostración patente de cómo el sector del campo, también en Córdoba, está al límite de sus posibilidades. Explica que han sido «muchos factores» tanto «externos como internos» los que han provocado el cierre. Comenzó su actividad en 2009 y cerró la puerta «en el último trimestre de 2023» tras 14 años.

Criado se abre para reconocer que «duele muchísimo tener que echar la persiana» como le ha pasado a Subbética Ecológica. Esta pequeña productora explica los motivos que le han empujado a tener que desistir. Uno de los fundamentales ha sido «la climatología, con la sequía», puesto que la asociación ha sido incapaz de aguantar «dos años sin tener excedente de tomates para fabricar tomate frito o triturado en conserva, que era nuestra principal fuente para sostenernos».

Además, apunta a «la inflación», porque nuestros clientes estaban acostumbrados a unos precios justos y estables para toda la temporada que «ha sido imposible aguantar» con la subida de los costes de producción. También cree que los ha tumbado, en tercer lugar, la «falta de relevo generacional», ya que «cuatro de nuestras principales fincas de producción han dejado de producir por la jubilación de sus propietarios» sin que sigan su estela.

En los factores externos, «aunque nosotros apostábamos por una agricultura verde», lo cierto es que les han afectado otras medidas desde Bruselas para tener que echar el cierre. «La incidencia burocrática ha sido demasiada», ya que además del aumento de los controles sanitarios han tenido que soportar que «ante la necesidad de tener de cumplir requisitos administrativos» la disyuntiva era «o trabajar más o contratar a una consultora externa» con un «coste y una carga añadida que te resta rentabilidad».

Subbética Ecológica, tras cesar su actividad, entrará en concurso, «con muy poquita deuda», antes de que la «disolución» jurídica. Pero, Criado apunta que se marchan satisfechos porque «tenemos nuestro ciclo de vida y cumplimos nuestra misión».

Reside en Alcalá la Real, pero lleva 27 años de producción de bovino y ovino de carne en Cortijo Alto, en Priego. Allí dispone ahora mismo de 900 cabezas de ovejas y medio centenar entre vacas y terneras. Son su medio de vida, pero lamenta que en el último año apenas ha conseguido mantener a flote la explotación, que no da rentabilidad: «Apenas 800 ó 900 euros».

Pedro Cano está a punto de realizar la transhumancia con su ganado, con la sensación de que la situación es «catastrófica y dantesca». Es uno de los ganaderos que se verá obligado a cerrar el negocio. «Soy la tercera generación que se dedica a la ganadería y tengo claro que en mí se acaba». Ante esta situación, Cano refleja que «me duele muchísimo», pero las exigencias europeas y nacionales los están asfixiando.

Para Cano, «que nos digan que nos quitemos; creo que nos están dejando morir poco a poco», con el objetivo de que «se deje de producir en Europa y se haga en terceros países». Lo fundamenta en que «si incluso la PAC subvenciona por el barbecho, es un claro ejemplo de que buscan que no se produzca».

Este ganadero, que trabaja junto al pico más alto de Córdoba, la Tiñosa, explica que «ahora se acuerdan de la soberanía alimentaria cuando sucede la guerra de Ucrania», pero la realidad es que la tendencia «es a perder poco a poco la soberanía alimentaria» en Europa.

Para Cano, los problemas que les están llevando al límite y a ser consciente de que su explotación ganadera finalizara con él son muchos: «La sequía ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero con la nueva PAC pierdo lo que me cuesta contratar a un trabajador todo el año, la guerra de Ucrania nos ha subido el pienso y no encuentro mano de obra para trabajar y cuando la formó, se va».

Francisco Chacón es agricultor de Santaella. Tiene 67 años. Quiere jubilarse, pero la falta de relevo le impide dar el paso. La situación empieza a ser agobiante para él. Pretende dejarlo después de toda la vida dedicada al campo, aunque ni su hija ni sus familiares quieren continuar llevando la finca.

«Estoy aguantando hasta que no pueda más, pero no hay nadie que quiera seguir», es la primera reflexión de una persona que cultiva unas tierras en tercera generación de agricultores desde que «mi abuela las compró en 1936». Ahora es consciente de que le llega la hora de la jubilación. No tiene relevo generacional. «Mi hija tiene su carrera, es funcionaria y no quiere seguir llevando la finca», explica.

Por este motivo, su objetivo es arrendarla. Las exigencias de la Unión Europea están llevando a agricultores y ganaderos al límite. «Tengo compradores, pero quiero arrendarla», teniendo en cuenta que está cerca de cumplir un siglo en propiedad de su familia. «Estoy aguantando», insiste, porque «mi idea es dejarla» ante las numerosas trabas que aparecen y la falta de relevo, ya que «no hay gente joven que se anime» a iniciarse en el campo.

Chacón tiene 60 hectáreas que dedica a cereales. Planta trigo, girasol y ajo principalmente. «Soy agricultor desde los 19 años que empecé a trabajar con mi madre y no recuerdo un año como ahora», explica, ya que «antes si no había mucho producto, el fruto valía mucho; pero ahora no hay y está más barato que antes».

A juicio de este veterano agricultor que afronta la etapa final de su vida laboral y a modo de conclusión, Chacón asegura que «ya no hay quien quiera seguir» en el campo porque censura que «ya no dispones de lo que tienes, salvo para pagar impuestos».

Baltasar García es uno de los miles de agricultores vinculados a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en la provincia de Córdoba. Tiene su explotación en el término municipal de Adamuz, en una zona bastante complicada para su cultivo: el olivar en régimen de secano. «Cada vez hay más agricultores que tienen que arrendar o vender su explotación, aunque también hay quien tiene que abandonarlas por estar en zonas menos tractorables», reconoce en su primer testimonio a ABC Córdoba.

García desgrana muy bien los problemas que han llevado a sus compañeros a salir a las carreteras para demostrar su enfado con la situación que están viviendo. «El primer problema que tenemos es la climatología, ahora la sequía, pero siempre con la situación cada vez menos anormal de que lleguemos a 40 grados en marzo, florezca el fruto y luego haga frío y acabe con él».

Para este hombre de campo de toda la vida es suficiente el drama de la pérdida de un 70 por ciento de la producción respecto a la media habitual, aunque «el segundo motivo de las protestas es la subida de los costes de producción: el cobre ha pasado de 5,2 euros el kilo en 2020 a 8,05 en 2023, el abono de 0,35 a 0,75 con una subida del 111 por ciento y podemos seguir con el gasoil o la subida del SMI», desgrana.

Baltasar García es contundente también sobre los problemas que vienen de Bruselas, de la Unión Europea. «Para cobrar la misma ayuda que en la PAC de 2022 ahora tenemos unos requisitos medioambientales que nos incrementan considerablemente los costes y que asume exclusivamente el productor cuando los beneficios medioambientales, que están muy bien, son para todos».

García, por último, apunta en declaraciones a ABC Córdoba que hay que corregir la situación de inmediato con «la entrada de productos de terceros países que no tienen los mismos controles sanitarios que nosotros tenemos que cumplir en España y que disponen de mano de obra más barata».