El Supremo obliga a reingresar a un funcionario inhabilitado en Córdoba por cambiar la vida laboral de su mujer

Sin embargo, el 27 de marzo de 2003 aprovechó que sus tres compañeros de las dependencias se habían ausentado y ocupó el terminal de uno de ellos, que permanecía encendido y activado con su clave de usuario y contraseña. Modificó en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social la vida laboral de su esposa , anulando la última baja, del 21 de mayo de 1998, y poniendo en su lugar la del 9 de marzo de 1991.

Posteriormente, el mismo día, aprovechando que nuevamente se encuentra solo en la oficina, este auxiliar ocupa el terminal de otra funcionaria, que se encontraba activado con su clave de usuaria e hizo otra nueva alteración en la vida laboral de su esposa , sustituyendo la fecha de baja de la cuenta «prestación, desempleo, extinción tiempo total», que era de 9 de octubre de 1991 por la de 9 de mayo de 1993. De este modo, este funcionario obtuvo para su esposa de forma indebida e injustificada 1.597 días de periodo de cotización a la Seguridad Social .

Contra la sentencia condenatoria se interpuso un recurso de casación que se inadmitió en 2009 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y como consecuencia de la firmeza el Ministerio de Trabajo e Inmigración dictó la orden de pérdida de condición de funcionario del demandante. El TS ahora estima el recurso por dos razones. La primera porque el acuerdo impugnado del Consejo de Ministros se centra sólo en la gravedad del delito , lo que no se cuestiona, máxime si forma parte del tipo que el autor sea funcionario público; ahora bien, el acto impugnado fue algo puntual, dice el Supremo, se ejecutó en dos momentos de una misma jornada; no fue cometido dentro del cometido concreto del funcionario (él se dedicaba a la atención telefónica); además al ser detectado no ha supuesto ningún daño efectivo a la Seguridad Social a efectos de futuras prestaciones a su mujer .

El TS estima que la pena que le fue impuesta, pese a que el delito fue grave, fue de año y medio de cárcel y un año de inhabilitación especial. Y otra de las razones que alega TS es que el acuerdo impugnado omite la posibilidad de impedir el regreso a su puesto de trabajo.