Rafael Gómez y la «doctrina Messi» en su juicio por fraude fiscal millonario

Salvando las distancias con el caso que ocupa al Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba del clan Gómez Serrano , hay que recordar que la defensa del presidente de Arenal 2000 -para el que la Fiscalía le pide 44 años de prisión por 11 delitos fiscales entre los años 2003 y 2006 - parece seguir el mismo alegato que el delantero argentino.

En este caso resuelto en la Audiencia de Barcelona, el tribunal calificó de «extrema gravedad» el fraude cometido y no dio por válido el alegato de los Messi. La defensa de la familia argentina había sostenido, durante el juicio oral celebrado en junio de 2016, al igual que ocurriera con Rafael Gómez e hijos, que los Messi eran «profanos» en derecho fiscal y que para esos teman habían recurrido a un prestigioso bufete de abogados. Mientras que Leo se apoyó en su padre , este lo hizo en sus asesores .

En el caso Arenal 2000 y asociados, durante la primera sesión del juicio uno por uno, los cinco acusados negaron que se ocuparan de los asuntos fiscales.

«Nunca nos ocupamos de los dividendos, porque de lo que nos preocupaba era de q ue la empresa creciese y generara empleo», llegó a decir al juez el también líder de UCOR .

Otra de las «perlas» en esta familia de «profanos» en impuestos fue la lanzada por el asesor externo de Rafael Gómez, encargado de realizar la declaración de Hacienda (IRPF) a Gómez y a su mujer, María Dolores Serrano , cuando dijo que no presentó la declaración de la renta relativa al año 2004 ni de Rafael Gómez ni de su esposa María Dolores Serrano, porque «el sistema informático no le permitió imprimirlo» y no «porque tuviera ninguna instrucción de no presentarla».

El nivel de endeudamiento del Grupo Rafael Gómez en el año 2006, coincidiendo con la detención del empresario de Cañero por el «caso Malaya» sumió a la compañía en una «complejísima situación» , en palabras de los auditores de la consultora internacional. El entramado empresarial adeudaba desde 2004 en adelante en torno a 2.000 millones a la banca, quien a su vez, había puesto como condición para continuar

financiando al grupo los informes favorables de auditorías. De ahí, la contratación de Moral y Silos, entre 2003 y 2004 y posteriormente Ernst&Young para 2005 y 2006, sin que este último ejercicio se llevara a término por falta de «documentación» alegaron los consultores ante el juez.

Otra de las claves del juicio está en las declaraciones del director financiero de todo el grupo, Antonio Martínez , un hombre de confianza de Gómez que llevaba desde 1994 como trabajador y que a partir de 2002 dio el salto a director financiero. Martínez negó lo dicho por los auditores sobre por qué no se concluyó la auditoría de 2006. A juicio de Martínez, no se concluyó no por falta de documentación sino porque la auditora creía que el grupo iba a quebrar tras explotar el «caso Malaya» .

Acorralado a preguntas de los representantes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado , Martínez reconoció que sí acudía a Gómez si existía algún problema en la Tesorería . Martínez, que admitió que se consideraba como de la familia de Gómez, aclaró que estas reuniones con el presidente de Arenal 2000 eran «sobre la marcha», «no tenían una periodicidad específica ni se reunía el Consejo de Administración ». Estas declaraciones suponían que por primera vez ante el plenario alguien de su entorno confirmaba que el patriarca del grupo empresarial tomaba decisiones .