Pretérito imperfecto
Fénix, pájaro libre
El caso deja un reguero de grietas que no tienen por qué ser extrapolables al sistema, pero destila espanto, cabreo y bobería
Abogados del caso Fénix
La macrocausa por el presunto fraude a Hacienda de 150 millones de euros en una supuesta red de compraventa de «oro negro» ha quedado en «macrofiasco». Catorce años desde que estallara como un terremoto la operación en la que agentes policiales entraban y salían ... de talleres orfebres de Córdoba con cajas y cajas de documentación que ponían en jaque a un sector que ya venía tocado por la telaraña administrativa del IVA . A medida que pasaba el tiempo, el caso engordaba y la lista de imputados sobrepasaba el centenar convirtiéndose, probablemente, en la mayor causa de cuantas se han juzgado en estos lares en los últimos tiempos. Como todo proceso de magnitudes anchas, su atención pasó a segundo plano en un curso guadianesco que era solapado por la actualidad informativa pero, por otro, seguía dejando su impacto económico en muchas empresas y autónomos. El trabajo de la Policía Judicial y la propia Agencia Tributari a (ejercicios fiscales 2002-2006), cuyo voraz y legítimo apetito huelga comentar aquí, se sucedía con una parsimonia atribuible al peso del caso pero también a los tiempos paquidérmicos de un sistema que aún se anquilosa más cuando tiene que engullir asuntos de este calado -sin una pizca de atractivo para el pueblo, sin sangre o cuernos-.
Casi catorce años después de aquel estruendo hemos conocido una sentencia absolutoria en primera instancia de los 97 encausados, la mayoría joyeros cordobeses, por el presunto fraude de 150 millones de IVA al fisco. No es calderilla. Fallo que nos ha dejado literalmente cara de espanto, cabreo y bobería a la vez al conocer las razones fundamentales esgrimidas en más de doscientos folios por la jueza, quien ha calificado de «penosa instrucción» la investigación llevada a cabo durante todo este tiempo. Prescripción de delitos, retirada de algunas acusaciones, fallecimiento de algún presunto cabecilla, escuchas telefónicas prospectivas en solfa, cederrón de información crucial incompletos, vulneración del principio de defensa, sin acceso a pruebas entendidas como determinantes... y hasta un sistema estadístico de Hacienda para calcular lo defraudado «ilegal», según su señoría. Un «macrofiasco» en toda regla que en tiempos de zozobra absoluta y de ataques continuados a nuestro sistema judicial, horada un poco la confianza y las garantías -que por otra parte se hacen palpables en casos como éste- que esperamos todos los contribuyentes de a pie en un sistema que capture al estafador y le haga pagar lo que en su justa medida deba.
Está claro que resarcir a los afectados durante todos estos años será misión imposible, a la par que en la senda de los recursos habrá quien se tiente las ropas antes de dar un paso más en el posible precipicio. La Abogacía del Estado debería tener la obligación, si cree en ello, de sostener los argumentos del erario público, que ha quedado en manifiesto ridículo ante semejante glotonería indigesta. Y los propios investigadores policiales, repasar mejor la praxis de un caso que atisba precipitación y venta de la piel del oso antes de tenerlo bien cazado. Tardaremos mucho todavía en saber si el caso tendrá efecto boomerang, aunque dudo mucho que sea así.
Fénix es un caso que deja un reguero de grietas que no tienen por qué ser extrapolables a todo un sistema que, sin embargo, arrastra antecedentes y expedientes vivos muy parecidos ( «operación Rocket» en el Guadiato, siete años de instrucción y una plaza judicial inestable como es Peñarroya, y saturada). El sistema se lo debe hacer mirar. No sólo vale tener palaciegas sedes judiciales con pasillos anchos y brillantes si luego la mecánica, los medios humanos y técnicos, y la vida de las causas, dejan este mal sabor de boca.
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