Un preso de primer grado propina un fuerte puñetazo a un médico de la prisión de Córdoba

Los hechos ocurrieron esta mañana cuando, durante el transcurso de una consulta médica, el recluso, al no estar de acuerdo con la prescripción facultativa que se le facilitó, se abalanzó sobre el profesional y le propinó un fuerte puñetazo en el rostro.

Desde CSIF se pide el traslado de este interno a otro centro penitenciario y lamenta que «esta agresión es una más sumada a otras tantas, lo que convierte a estos ataques en una lacra del sistema penitenciario a la que el Ministerio del Interior se niega a darles una solución».

En este sentido, el sindicato pide que se apliquen medidas «como el reconocimiento de la plantilla de las prisiones en agente de la autoridad mediante una Ley de Cuerpos Penitenciarios que se comprometió a aprobar el Gobierno, con lo que cualquier acto contra ellos sería considerado delito».

El problema se agrava, según CSIF, «por el envejecimiento del personal , con una edad media de 55 años, lo que sitúa a muchos funcionarios en una clara desigualdad física cuando deben reducir a un preso».

CSIF Prisiones Córdoba señala que son muchas las reivindicaciones del personal sanitario de los centros penitenciarios, entre las que se encuentran su integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuando esta debería haberse producido en un plazo de 18 meses según lo recogido en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Público de Salud.

Asimismo, la central sindical denuncia la falta de cobertura en la relación de puestos de trabajo (RPT) de los distintos profesionales sanitarios que conforman la plantilla, tanto médicos como personal de enfermería y auxiliares, lo que conlleva una sobrecarga laboral para todos los profesionales que conforman esta área y un mayor número de guardias a asumir para estos trabajadores y trabajadoras.

La organización sindical informa del elevado porcentaje de internos en tratamiento psicofarmacológico , muchos de ellos polimedicados, al mismo tiempo que pone de manifiesto la ausencia de centros penitenciarios especializados en pacientes psiquiátricos. «Todo ello sin olvidar la falta de reconocimiento económico a todos los profesionales penitenciarios y las desigualdades retributivas con respecto a las prisiones del País Vasco y Cataluña», subraya el sindicato.