¿Qué le pasa ahora a Rabanales 21?

¿Es correcta esa tesis? Pues sí y no . Sí porque hay un elemento que se podría haber evitado. No, porque el principal problema sobre la mesa tiene que ver con la forma en la que la Junta de Andalucía está aplicando la nueva legislación sobre evaluación ambiental, promulgada en marzo de 2015 y que responde al acrónimo de GICA. Si los asuntos urbanísticos son áridos y complejos, este lo es específicamente.

Vayamos por el principio. ¿Cuál es el error evitable? En 2004, la Gerencia de Urbanismo modificó el Plan General de toda la zona de Levante con las tesis del urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. De acuerdo a aquella iniciativa, que permitió diseñar la non nata Ciudad de Levante, se incluyó en el PGOU un cambio en el Rabanales 21. Originalmente, era un equipamiento público. Las parcelas no se podían vender. Se estimó que habría que cambiarlo a suelo industrial . De paso, se estableció una especie de usos permitidos en la zona del tecnoparque.

En esa relación, se permiten comercios pero solo aquellos que vayan a dar servicio al parque tecnológico. Se entendía como una pequeña zona de servicios para los trabajadores de la zona. Eso no justifica una inversión millonaria como la que está desarrollando. Nadie advirtió ese problema a lo largo de la tramitación. Ni quien redactó la actual innovación ni la Gerencia de Urbanismo, que la tramitó. Ni siquiera la Dirección General de Comercio, que tiene que acreditar la idoneidad de los suelos.

La Delegación de Fomento de la Junta determinó en un informe reciente que esa relación de usos hay que cambiarla para permitir un centro comercial. Es, por así decirlo, la que detectó la alerta. Y lo hizo cuando el expediente había pasado por un montón de ojos y manos. Esa omisión puede arreglarse mediante un texto refundido. Una forma en la que el Ayuntamiento de Córdoba enmienda su plan para que las cosas se ajusten a lo que la Junta le prescribe. Un control de daños aceptable.

¿Es ese el principal problema? No. Y aquí no hay error político ni técnico sino la forma en la que se está gestionando la llamada GICA. La Junta aprobó en marzo una norma que obliga a realizar un estudio de impacto ambiental a determinados proyectos y planes urbanísticos con carácter previo a su trámite. Se insiste: con carácter previo a todo. No vale incorporarlo sobre la marcha .

Existe un fuerte debate legal sobre esta cuestión por una razón. Hay cientos de cambios de planeamiento en Andalucía que empezaron antes de que se promulgase esa ley. El decreto data de marzo de 2013. El proyecto de Rabanales Plaza es de noviembre de 2014 y pasó por el Pleno en enero de 2015. La Junta se ha mostrado inflexible. Todos los proyectos urbanísticos que no tengan impacto ambiental y lo precisen tienen que reiniciarse .

El asunto tiene trabajando a los despachos de abogados. Consideran que es un disparate iniciarlo todo de nuevo en trámites tan largos y complejos. El Gobierno andaluz no ha entendido de barcos. Se le está exigiendo a todos. Hay informes jurídicos sobre este y otros casos que consideran que supone aplicar una norma de forma retroactiva para perjuicio del administrado, lo cual es de muy dudosa constitucionalidad .

El equipo de gobierno ha establecido un plazo inicial de siete u ocho meses para que todo vuelva a estar correcto. Es decir, para realizar un borrador al que someter a impacto ambiental, realizar todo el papeleo de nuevo, llevar a Pleno una aprobación inicial, abrir periodo de alegaciones, volver a la aprobación provisional, etcétera. Incluidos nuevos informes sectoriales en materia de comercio o urbanismo .

Las consultas realizadas aseguran que ese es un plazo optimista . El Ayuntamiento tiene en marcha innovaciones desde el año 2007 que no se han llegado a aprobar. Llega un punto en el que encallan bien en la burocracia, bien en la economía. Algunas tan socialmente relevantes como la redefinición de las parcelaciones a legalizar.

La Alcaldía ha llamado a capítulo a Rabanales 21 la próxima semana para hacerle saber qué va a ocurrir. Poner el contador a cero es, a día de hoy, la única alternativa que tiene la alcaldesa, que ha tenido reuniones recientes con el consejero de Fomento. El problema radica en que Rabanales 21 no es el promotor de la obra. Lo es una empresa que lleva esperando muchos meses y que está perdiendo mucho dinero con la demora .

El promotor de Rabanales Plaza, el que arriesga el dinero de verdad, tiene a su disposición el botón nuclear . Pedir la ruptura del contrato de venta de suelo y poner en marcha las penalizaciones contempladas, que son millonarias. Obligaría al tecnoparque a entrar en concurso de acreedores por el fracaso una operación, ahí está el sarcasmo, que recibió el aliento político de la Junta de Andalucía.