La Fiscalía abre nuevas diligencias de seguimento de residencias de mayores en esta segunda ola por Covid

La novedad de este decreto firmado por Urbaneja está en que la situación y la responsabilidad penal puede diferir en esta segunda ola por Covid-19 en las resdiencias de darse la misma incidencia de casos y fallecimientos que en la primera oleada por lo que ha abierto nuevas diligencias informativas a las residencias de ancianos. En este sentido, en un informe hecho público este viernes, el fiscal andaluz especialista en Mayores asegura que con la segunda ola del coronavirus, «aunque los expertos siempre anunciaron que se produciría una segunda ola del Covid-19, no se esperaba que llegase tan pronto». En este sentido, Urbaneja advierte que lo cierto es que ya estamos inmersos en ella y, también, que la situación presenta algunas diferencias con la primera. Así, detalla que « no resultará fácil defender la imprevisibilidad de la misma, a la vez que la evitabilidad dependerá en buena medida de los avances científicos -tratamientos paliativos, vacuna». En cualquier caso, afirma que sí ha existido un margen de tiempo para organizar la atención sanitaria y la provisión de recursos .

Por otra parte, Santos Urbaneja da un tirón de orejas a la administración pública y exige que «la cadena de organismos o instancias responsables está, sin duda, mejor definida y debería estar cada vez mejor coordinada, al tiempo que en Andalucía se ha asistido recientemente a una reestructuración de consejerías que afecta a las residencias de mayores». En este sentido, el fiscal de Mayores recuerda que «corresponden a la Consejería de Salud y Familias la competencias en materia de centros residenciales de personas mayores actualmente atribuidas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación».

A su vez, Santos Urbaneja agrega que la Disposición Transitoria Tercera del citado Decreto dispone que esta atribución de competencias lo será «hasta el momento en que el Gobierno de la Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19».

También, el fiscal matiza que «la repercusión en la salud de los contagios de esta segunda ola estaba siendo menor », de modo que «al principio dio lugar en su mayor parte a cuadros asintomáticos o de escasa gravedad», pero «la tendencia ha cambiado de modo muy preocupante en las últimas semanas, tanto en lo cuantitativo --número de positivos, como en lo cualitativo gravedad de la afectación a la salud», advierte.

Por todo ello, Santos Urbaneja ha comunicado a través de un decreto el cierre de las diligencias de seguimiento de las residencias de mayores correspondientes a la primera ola en los términos ya expuestos y abrir nuevas diligencias de seguimiento de las residencias de mayores correspondientes a la segunda ola, desde septiembre, dado que «algunas circunstancias son diferentes en relación a la primera ola».

En este sentido, el fiscal delegado de Protección de Mayores de la Fiscalía de Córdoba informa de que ya ha solicitado y está empezando a recibir información sobre las incidencias que se están produciendo en las residencias.

Según explica, desde mediados de marzo se incoaron diligencias informativas para evaluar hechos y posibles responsabilidades en que hubieran podido incurrir los directores y responsables de los centros y residencias de personas mayores en la capital y provincia en la primera ola del Covid-19.

Al margen de la responsabilidad penal, el fiscal apunta que «queda subsistente la posible responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos, pudiendo en su caso los particulares afectados reclamar indemnización a la administración pública competente», a lo que agrega que «de tener que acudir a los juzgados serían competentes para conocer de esta pretensión los juzgados de lo Contencioso-Administrativo».

Asimismo, Santos señala que «queda subsistente la posible indemnización por negligencia o incumplimiento de contrato de servicios, que los particulares afectados podrán reclamar a las empresas o entidades titulares de las residencias", de manera que «de tener que acudir a los juzgados serían competentes para conocer de esta pretensión los juzgados de Primera Instancia».

Igualmente, el representante de la Fiscalía concluye que «la administración pública competente podrá ejercer la potestad sancionadora, en caso de estimar que pueda haberse cometido alguna infracción de carácter administrativo por parte de los responsables de alguna residencia».

Entretanto, Santos Urbaneja destaca que «se aprecia que durante los meses de marzo y abril los directores y responsables de los centros residenciales se esforzaron, dentro de sus circunstancias y posibilidades, en proveer de medios y aliviar la situación», pero «se asistió a inimaginables situaciones, como la falta de mascarillas en el mercado, la escasez de equipos de protección para el personal sociosanitario, test poco fiables, etc», unido a «instrucciones confusas o contradictorias por parte de diversas instancias científicas».

Hay que señalar que en la Fiscalía s ólo se ha presentado una denuncia por un particular afectado y no consta ninguna denuncia presentada en los juzgados de Instrucción, «a pesar de las graves pérdidas sufridas», según indica el representante del Ministerio Público.