Los expertos alertan de errores y falta de información al ciudadano en el proceso de regularización

El director técnico de Aeconomi (firma cordobesa experta en fiscalidad inmobiliaria y con sedes también en Sevilla y Málaga), Francisco Jiménez , se retrotrae al origen del plan para explicar sus defectos . Recuerda que el Gobierno central planteó medidas para que los Ayuntamientos tuvieran «más ingresos» . La «primera» actuación fue el inicio de un proceso «muy, muy, ambicioso» de regularización catastral —el aumento del valor catastral de un inmueble eleva el IBI que ingresan los consistorios— en poco tiempo (2013-2017).

Pero con el presupuesto del proyecto —se debe «autofinanciar» con los 60 euros de tasa que pagan los dueños a los que se les detectan irregularidades— y con un escaso tiempo para ejecutarlo, relata Jiménez, «poco más pueden hacer que trabajar con los datos de las fotografías aéreas» . «Sólo en algunas zonas se hace un pequeño trabajo de campo», explica. « Ahí radican la mayoría de los conflictos . Hemos encontrado muchas regularizaciones que sí proceden, pero en las que los datos contienen errores», dice.

Aeconomi, ahonda Jiménez, ha estudiado unos 587 expedientes en sus oficinas . De ellos, en 230 (son casos tanto abiertos como cerrados) ha interpuesto reclamaciones .

Jiménez reconoce las dificultades en las que se encuentra el cordobés medio que recibe la carta del Catastro comunicándole que le han detectado una piscina o una ampliación de vivienda no declaradas. « Es difícil que el ciudadano sea capaz de analizar la información catastral . Además, la carga de la prueba se le pasa al contribuyente, que se debe preocupar de decir si lo detectado es así o no. Tendría que recurrir a profesionales especializados en valoración catastral», explica.

Y se «queja» de la «desinformación» que sufre el contribuyente . La «mayoría», cuando reciben la comunicación de la regularización y se les transmite que deben pagar una tasa de 60 euros, creen que «ésa es la repercusión económica de lo que han hecho». «Nadie les dice la carga fiscal que tiene esto», alerta. No en vano, un aumento del valor catastral del bien del que se es propietario influye en más tributos; no sólo en el IBI (conocida coloquialmente como la contribución).

Por su parte, el responsable de «LuqueVelasco Auditores» (conocida firma cordobesa, especializada también en fiscalidad), José Luque Velasco , es rotundo. Sostiene que este proceso genera «muchísimos errores». «Lo hacen de forma errónea; mediante drones o fotos aéreas», señala, en alusión al uso de imágenes tomadas por satélite, aviones con cámaras o, en menor medida, drones.

Así es como, a su juicio, se dan equivocaciones como que «un porche se considere construcción de la vivienda o que un seto tapando el coche se califique como un almacén ». Para este experto, el procedimiento se tendría que haber hecho «de forma presencial». «De esa manera el contribuyente hubiera tenido más garantías», añade. Luque Velasco critica el «afán recaudatorio» del proceso.

Aunque el foco se ha puesto sobre la subida del recibo del IBI, recuerda que el incremento del valor catastral influye en otros impuestos : la plusvalía (se abona, por ejemplo, al vender un piso); el IRPF —afecta a la segunda vivienda y a la habitual si pasa de un determinado valor—; el de Patrimonio; el de Transmisiones; y el de Sucesiones y Donaciones.

El último experto consultado, la directora de Impuestalia (empresa especializada en la revisión en todo el país de los valores catastrales a efectos impositivos), Carmen Villa , explica que estiman que, al menos, un 7% de las revisiones incluyen errores . Es una «media nacional aplicable al conjunto de provincias españolas».

Villa recomienda a los ciudadanos que «revisen bien» las regularizaciones que les lleguen. Otro consejo es que, si no están de acuerdo, reclamen en los 15 días hábiles que tienen para ello. «Es más fácil lograr la rectificación si se alega dentro del tiempo». Eso sí, advierte a los que aleguen: «Es largo. No suelen dar la razón a la primera». Agotada la vía administrativa, como es lógico, queda la vía de acudir a los tribunales.

Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda rechazan la conflictividad de este procedimiento y las acusaciones de numerosos errores. «Hasta la fecha, el número de recursos presentados en toda España es inferior al 2% de los inmuebles regularizados».

Desde Hacienda declinan responder a las acusaciones de que es una medida con afán recaudatorio. Sí recuerdan que busca incorporar los inmuebles o alteraciones de éstos (ampliaciones y rehabilitaciones) que no figuren en el Catastro y que, por ello, «supongan un fraude fiscal».