Las dudas legales sobre la operación de Urbanismo contra la cementera Cosmos en Córdoba

«Queda un trámite hasta la aprobación definitiva del acuerdo, y esperamos que en el camino hasta la aprobación provisional y a los informes que tiene que realizar la Junta de Andalucía se produzcan alegaciones que den más seguridad jurídica al acuerdo», señaló en este sentido el teniente de alcalde Emilio Aumente (PSOE).

Las apreciaciones que hizo el edil socialista a las modificaciones del PGOU -refrendadas también por IU y Ganemos y que se encontraron con el voto negativo de Ciudadanos y del PP- tienen letra pequeña. En primer lugar tienen que ver con un cambio en el texto que salió ayer adelante en relación con el que estudió el consejo en noviembre de 2015, que fue la primera vez que el asunto llegó a la Gerencia y que quedó en suspenso por la creación de la mesa municipal sobre la cementera.

Entonces, el cambio en el Plan General incumbía a las empresas de nueva implantación , a las que se les prohibía quemar residuos como combustible; ahora, el texto el artículo objeto de la innovación se refiere a todas las empresas que tengan una actividad pesada homóloga a la de Cosmos. El temor del PSOE es que el retoque en el PGOU le dé armas al Ayuntamiento para actuar de forma retroactiva contra otras compañías industriales que operen en el término municipal.

Para Aumente, «no se pueden hacer innovaciones para perjudicar a nadie en concreto y sin armar bien los argumentos; además hay que tener las garantías jurídicas necesarias , porque si no corremos el riesgo de que una determinada firma nos pida una indemnización por las decisiones que hemos tomado y que les perjudican».

Este razonamiento del teniente de alcalde del PSOE entronca con un informe emitido por el secretario del Pleno, Valeriano Lavela , en abril de este año y advertía de que Cosmos puede reclamar indemnizaciones millonarias como consecuencia de las decisiones municipales para modificar el planeamiento. Entendía el secretario general que estas medidas están significando un traje a medida para evitar que la cementera lleve a cabo la quema de residuos. El informe recordaba que la Junta autorizó la quema de residuos en la cementera y que lo hizo, además, con un informe a favor de la Gerencia de Urbanismo, que entendió que el emplazamiento no era un problema.

El documento concluía con que no hay otra opción que conceder la licencia para la actividad que reclama la cementera, eso sí, exigiendo que las cautelas y determinaciones ordenadas por la Junta de Andalucía se cumplan de forma estricta.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer entiende que las industrias más agresivas tendrán que encontrarse en suelo industrial de categoría cuatro. Además, las que incluyan los procedimientos de quema de estos materiales solo podrán encontrarse en suelo no urbanizable sin protección, explicaron el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García, y el gerente del organismo autónomo, Emilio García Fernández . Este hecho reduce las posibilidades a la Campiña, que es la única zona del término municipal donde no existe una protección específica salvo en las zonas altas de las lomas, donde existen unas cautelas paisajísticas.