Día de los derechos de los pacientes: las denuncias por negligencias superan las 270 en Córdoba

Las estadísticas de los últimos años ponen de manifiesto un aumento progresivo de las quejas que llegan al Defensor del Paciente. Como muestra, un botón: en 2010 tan solo se registraron 101 denuncias . Este último 2017 han sido más de doble.

En toda la región, el Defensor del Paciente ha registrado 2.562 casos de supuestas negligencias médicas . La provincia que se sitúa a la cabeza es Sevilla, con 756 denuncias, seguida de Málaga (471) y Cádiz (287). A continuación está Córdoba, seguida de Granada (179), Almería (138), Jaén (115) y Huelva (71).

En cuanto a los hospitales andaluces más denunciados, el Virgen del Rocío se lleva la palma , seguido por el Carlos Haya (Málaga), el Virgen Macarena (Sevilla), el Hospital de Especialidades Virgen de la Victoria (Málaga) y, por último, el Reina Sofía. Los servicios más denunciados son Urgencias, Cirugía General, las listas de espera, Traumatología y Ginecología y Obstetricia.

Por su parte, el sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que la «continua desinversión» en el Sistema Nacional de Salud (SNS) está provocando que los derechos de los pacientes sean «vulnerados» por parte de las administraciones sanitarias y no se respete la Carta Europea de Derechos del Paciente.

De esta forma, el sindicato se ha sumado a las reivindicaciones y demandas de las organizaciones y asociaciones de pacientes de toda Europa, y ha solicitado a los distintos servicios sanitarios que hagan «realidad» los compromisos reflejados en la Carta Europa de Derechos del Paciente para asegurar una atención sanitaria «universal, pública y de calidad».

En la misiva, basada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se incluyen 14 derechos de los pacientes en relación con sus servicios de salud como, por ejemplo, acceder a la atención que precise cada persona, sin discriminación en función de los recursos, lugar de residencia o enfermedad; el derecho a la prevención de la enfermedad; asegurar unos tiempos adecuados de respuesta y un trato personalizado; así como el cumplimiento de óptimos estándares de calidad, seguridad e innovación.

Unos derechos que conllevan las correspondientes obligaciones para las distintas administraciones sanitarias y que, a juicio de Satse, «no se están cumpliendo» en la actualidad, ya que sigue «sin priorizarse» la atención sanitaria en las cuentas públicas de todas ellas después de cerca de diez años de continuos recortes.