Cuidar las formas

A última hora, se desconvocó la presencia de los números dos y tres de la candidatura del PP en la provincia de Córdoba, Araceli Cabello y Antonio Repullo , dejando solos en tremendo trance al portavoz del partido y al vicesecretario de Desarrollo Urbanístico. La visita, huelga decirlo, se centró en explicar cómo va una obra municipal , pagada con fondos municipales, desarrollada por técnicos municipales, que se somete a los controles municipales y de la que habrá que dar cuenta en las elecciones municipales correspondientes que, si no recuerdo mal, se celebran dentro de un año. Lo que hay el 19 de junio -que es el marco en el que se celebró la visita- son unas elecciones autonómicas en las que se tienen que dilucidar las políticas autonómicas y de las que se da cuenta ante el Parlamento autonómico.

El portavoz del PP y el secretario de Desarrollo Urbanístico, cuya cara ya digo que me suena cantidad, explicaron con todo lujo de detalles, probablemente porque se lo saben bien, una obra que es tremendamente importante para la ciudad de Córdoba. Consiste en crear un gran parque periurbano de 60 hectáreas sobre los antiguos terrenos de la duquesa de Cardona, que fueron expropiados por imperio de la ley a un precio muy favorable para los vecinos de Córdoba. Allí se está haciendo una zona de esparcimiento que tiene que empezar por eliminar los usos dañinos para el medio natural.

Como el que escribe es un poco rancio para sus cosas, le gustan las cositas claras, la cerveza fría y el chocolate espeso, participar en una campaña electoral siendo cargo público de otra Administración no es nada extraño. Forma parte de un derecho constitucional nuclear, el de la participación política. El alcalde de Córdoba o quien sea tienen perfecto derecho a repartir propaganda electoral , dar mítines, visitar mercadillos. Escuchar a los votantes forma parte de las obligaciones de su cargo. Es evidente, también, que ahora mismo es un activo electoral de su partido político. Cualquier jefe de campaña con cabeza lo utilizaría viendo sus datos de grado de conocimiento y aceptación ciudadana.

Pero existen unos límites racionales que invitan a separar las actividades de propaganda preelectoral con la actividad institucional que, además, se encuentra regulada por la Ley Orgánica de Régimen Electoral y bajo la vigilancia directa de los magistrados que forman la Junta Electoral. Desde que se convocan unas elecciones hasta el día de su celebración, los poderes públicos tienen que limitar sus acciones de autobombo . Alguien se pasó de frenada montando un acto que no se debía haber llevado a cabo de esa manera, bajo la vitola de unas siglas. Las formas, señores, las formas.