Pacientes 'no Covid' en Córdoba y los daños colaterales de la pandemia: quejas, esperas, peores síntomas...

Ana, nombre ficticio, es una de las miles de personas que han sufrido los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus a nivel asistencial. El colapso que ha provocado el Covid en los servicios sanitarios ha cambiado las reglas vigentes e impuesto barreras hasta ahora desconocidas para el resto de pacientes, que ven cómo se alargan los diagnósticos , aumentan las listas de espera para las citas y padecen el deterioro de un sistema que no da más de sí.

La asociación El Defensor del Paciente recibió el pasado año 3 76 quejas en Córdoba , «una cantidad irrisoria en comparación con lo que llega a los Servicios de Atención al Paciente de los hospitales. El problema es que la Administración no da números porque no le interesa, ni podemos saber las reclamaciones que llegan a la Junta », puntualiza este colectivo a ABC. Las quejas, especialidades y servicios más denunciados son las listas de espera, urgencias, cirugía general, traumatología , ginecogología y obstetricia.

«La situación que estamos viviendo es caótica , pero entre todos podemos y tenemos que arreglar este debacle», se lamenta la presidenta de este colectivo, Carmen Flores , que asegura que «la mayoría de los pacientes que han sido víctimas de negligencias médicas o de una mala atención, prefieren callar; tienen miedo, sobre todo, cuando se trata de personas que están esperando una operación. Y ello pese a que esa demora les ocasiona un agravamiento de su estado de salud ».

Otro ejemplo de la paralización de los servicios sanitarios como consecuencia de la pandemia es el de otro cordobés que tuvo que esperar nueve meses (de enero a septiembre de 2020) para realizarse una prueba de Doppler (estudio por imágenes que utiliza ondas de sonido para mostrar la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos).

Según consta en la queja a la que ABC ha tenido acceso, presentada también ante el Defensor del Pueblo , el 9 de enero de 2020, a este paciente le solicitaron dicho diagnóstico, que se encuentra sujeto a la garantía de plazo de respuesta que recoge el Decreto 96/2004 de 9 de marzo (BOJA número 62 de 30 marzo de 2004). El 13 de julio, su centro de salud reclamó la realización de dicho estudio al Reina Sofía sin obtener respuesta alguna.

Tras la petición de información por parte del Defensor del Pueblo, desde el complejo hospitalario argumentaron que este centro es el único de la provincia que estaba realizando estas exploraciones y que al realizarse por radiólogos vasculares-intervencionistas , «tiene demanda de solicitudes desde otros centros de la provincia, lo que unido al tiempo tan largo de las exploraciones conlleva una demora más allá del tiempo previsto ».

Esta circunstancia junto con la pandemia de la Covid-19, que redujo la actividad del centro, obligó a la priorización de estudios urgentes y preferentes, evitando que pacientes que no tuviesen procesos graves o urgentes visitasen el hospital y por ello se suspendieron los estudios Doppler de miembros inferiores por sospecha de varices , «que al ser una patología crónica, que no suele revestir gravedad para el paciente», apuntaron desde el Reina Sofía.

Fue tras el verano, con el incremento de la actividad , cuando se triplicaron las agendas para realizar las actuaciones pendientes, como la de este cordobés, al que, finalmente, le realizaron la prueba el 10 de septiembre de 2020.

Asociaciones de enfermos como la del Paciente Antigoagulado , catalogados entre los grupos de riesgo en la pandemia, refieren «deficiencias en el trato; sentimos que las cosas no se han hecho bien, pero no hemos querido echar más leña al fuego porque, al final, los que pagan son los sanitarios , que están completamente desbordados», apunta el responsable a nivel provincial y también presidente de la federación nacional, Rafael Martínez .

En este sentido, afirma que el tratamiento anticoagulante y su seguimiento en pacientes no infectados por SARS-CoV-2 , se ha dificultado durante la vigencia del virus. «En general, son pacientes de riesgo elevado de complicaciones en caso de contagio [edad, patología cardiovascular, comorbilidades], aunque la anticoagulación crónica [ACO] en sí misma no es un factor de riesgo ante la Covid».

Estos enfermos son atendidos en los ambulatorios «que han estado y siguen colapsados, lo que ha provocado, además, que muchos de los pacientes antigoagulados prefieran quedarse en casa a asumir el riesgo de contagiarse de Covid», explica Martínez.

Precisamente, el deterioro que ha experimentado la Atención Primaria en la percepción de la ciudadanía ha sido destacado por el Defensor del Pueblo en su último informe. «La nueva forma de gestión de citas médicas, las demoras en el acceso a la fijación de consulta con el facultativo, el hecho de que la regla general sea la consulta telefónica o el retraso en procedimientos diagnósticos , han supuesto una quiebra en la facilidad del recurso a este servicio y ha generado malestar», recoge el texto.

Pone el acento, igualmente, en los casos de salud mental : «La sensación de desconcierto e impotencia en la búsqueda de ayuda y recursos para la atención de los problemas de salud mental es trasladada en muchas de las quejas que tramitamos».

De hecho, en Córdoba destaca el aumento exponencial de las listas de espera en esta especialidad: a finales de junio de 2021 había en el Hospital Universitario Reina Sofía 1.135 enfermos pendientes de una primera visita con el especialista, un 30,3 por ciento más que un año antes .

Esta demora ha afectado a casi todas las especialidades y es más acuciantes en las listas de las consultas externas: los cordobeses pendientes de una primera consulta se han disparado un 61% -hasta junio de 2021, fecha del último informe de Salud-, o lo que es lo mismio, 29.165 personas estaban inscritas en las citadas listas, frente a los 18.110 de 2020.

En cuanto al número de pacientes que que en junio de 2021 estaban a la espera de de poder ser intervenidos quirúrgicamente, eran 9.271 en Córdoba, un 33% menos. Según Salud , de todos ellos, 5.685 se beneficiarán de una operación sujeta a plazo máximo de 90, 120 ó 180 días, y 3.586, a intervenciones sin tiempo fijado. El Defensor del Paciente señala directamente a la « política de recortes de la Consejería , llevando a una situación límite».