La rebelión del megavatio verde se 'planta' en el Alto Guadalquivir

La Junta de Andalucía ha concedido los primeros permisos necesarios para su instalación, tras superar los trámites de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), así como la Autorización Administrativa Previa y la Autorización para la Construcción. La batalla se centra ahora mismo en estas cuatro plantas solares (Guadalquivir 1, 2 y 4 más Guadame), pero lo cierto es que la comarca tiene en trámite hasta 11 proyectos de este tipo. En concreto, las plantas que cercarían Morente, aldea entre Bujalance y Pedro Abad, abarcan una superficie de unas 620 hectáreas, que equivaldrían a más de 800 campos de fútbol.

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La superficie que abarcaría sería equivalente a 800 campos de fútbol aproximadamente

La decena larga de plantas solares que están ahora mismo en tramitación en la comarca ocuparían una extensión de más de 1.100 hectáreas, para llegar también a los términos municipales de Montoro, El Carpio e incluso Córdoba capital.

El domingo pasado, la plataforma Stop Megaplantas Solares en el Alto Guadalquivir realizó una marcha desde Pedro Abad hasta la aldea de Morente, en Bujalance, para instar a la Junta a que detenga estos proyectos, ya que entienden que dañarían seriamente la economía de sus habitantes. La ruta a pie contó con más de medio millar de participantes, que tuvieron el respaldo de las alcaldesas de Bujalance (IU) y Pedro Abad (PP).

Los motivos de rechazo a las mismas son contundentes, según exponen los principales afectados. Acabarían con el medio de vida de las personas que residen allí. Arrasarían más de mil olivares, que en muchos casos son incluso centenarios. Hasta las nuevas dotaciones de agua para los regantes, en plena sequía y previstas para cuando la lluvia reaparezca, se verían tumbadas. Sopena del impacto ambiental en la zona, en las especies amenazadas y los caminos de la comarca.

Las cuatro plantas solares más importantes que se pretenden instalar en el Alto Guadalquivir afectan principalmente a tres fincas. Son el Hierro, que están en Bujalance y tiene a Cayetano Martínez de Irujo como propietario; la extensión de La Isla, en el municipio del Pedro Abad; así como el Cortijo de las Flores. Las plantas previstas en la zona acumulan una potencia de casi más de 200 Mw, así como una extensión de casi 620 hectáreas.

El rechazo no sólo ha llegado en forma de protestas tras conocer con detalle los proyectos y la intención de la energética de acudir a la expropiación forzosa de la zona ante la negativa de los propietarios a su arrendamiento. Hay varias instituciones que han presentado recurso de alzada —el plazo límite de presentación acaba la próxima semana— contra el expediente de Declaración de Utilidad Pública de los suelos que permitiría una expropiación de los mismos. Las organizaciones que han confirmado su presentación son Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación de Vecinos de Morente. Hay más en curso.

Precisamente, Magdalena Luque (IU), bastón de mando de Pedro Abad, quiere dejar muy claro, en declaraciones a ABC, que «no estamos en contra de las energías renovables, sino en contra de cómo se quieren instalar« en sus municipios, y recuerda que es »una cuestión en la que estamos de acuerdo todos los grupos municipales del Ayuntamiento« de Pedro Abad. Luque explica que uno de los motivos de su negativa es que »tenemos uno de los términos municipales más pequeños de la provincia y esto supondría una merma más«, además de que »se quieren asentar en tierras que todavía son rentables«.

Por su parte, el portavoz de la plataforma civil Stop Megaplantas Solares en el Alto Guadalquivir, Rafael López, insiste en que los vecinos no están en contra «de las renovables, sino de la forma en la que se quieren implantar» en la comarca. «Tendrá efectos negativos en muchos ámbitos porque acaba con el medio de vida de la gente de Morente, que es la agricultura; esto implica no sólo al agricultor, sino también al que vende tractores, al que los arregla, a la persona que vende semillas, al que se dedica a los utensilios o a los fertilizantes».

A su juicio, otro de los perjuicios es que «se acaba con la biodiversidad, ya que toda la fauna y la flora de la zona desaparecería, allí hay especies protegidas que no se han tenido en cuenta». Incluso, añade que «todo esto provocará despoblación de los municipios y aldeas afectadas, ya que la gente se tendrá que ir; las placas necesitan agua, y de dónde va a venir con la sequía que hay; los caminos se cortarán, porque las placas estarán perimetradas por vallas; además de acabar con el paisaje».

Las empresas generadoras de energía tienen los primeros permisos administrativos de la Junta de Andalucía para seguir adelante. Les falta el último. Pero, se han topado con un problema fundamental. Los propietarios de las tierras se han negado a vender o arrendar sus terrenos para que se instalen placas. Ante ello, los promotores han instado a la Junta a que tramite un expediente de Declaración de Utilidad Pública de los suelos. Con ello, podrían optar por la expropiación forzosa a los propietarios que se niegan a venderlas.

En este punto, los grandes propietarios de las zonas afectadas y los pequeños agricultores han planteado recursos de alzada contra la tramitación de las megaplantas solares en el Alto Guadalquivir. Y han comenzado las movilizaciones (como la marcha del fin de semana pasado). López, de la plataforma civil, asegura contundente que la propuesta «es una auténtica locura, ya que todo lo que alcanza la vista ahora serán placas mañana si no se detiene este proceso». La alcaldesa de Bujalance añade que «si se arrancan los olivos de allí, no habrá trabajo y llegará la despoblación; ¿ésta es la forma que tenemos las Administraciones de luchar contra la despoblación?».

Como medios defensa, López explica que «los proyectos de Guadalquivir 1, 2 y 4 (las tres plantas solares que han provocado la respuesta vecinal, junto a Guadame) se han hecho en fraude de ley, porque se han troceado los mismos para eludir las competencias del Gobierno central en beneficio de la Junta de Andalucía, que tienen los permisos más laxos«. El motivo es que los expedientes de plantas de más de 50 Mw corresponden al ministerio, mientras los de menos los supervisa la consejería, salvo que sean de superficie inferior a 10 hectáreas (recaen en los ayuntamientos).

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, expone a este periódico que la posición de esta patronal agraria en la provincia. «La instalación de estas plantas solares puede darles a los agricultores de la zona una rentabilidad económica que ahora mismo no les da el campo», pero recuerda que «es una decisión individual de cada agricultor, es su derecho acceder o no al arrendamiento de sus tierras por el período que se fije». En cualquier caso, hay otras posiciones claramente en contra desde otras organizaciones agrarias.

Francisco Moreno es el secretario de organización de UPA en Córdoba. Su posición es contundente: «Estamos a favor de las energías renovables, pero no así; como dice el lema de nuestras protestas». Lamenta que se hayan proyectado «macroplantas en unas tierras que tienen un gran valor agrario y que se pretendan arrancar de miles de olivos, que, en algunos casos, son centenarios».

Moreno incluso detalla cuánto sería el impacto exclusivamente económico si las plantas solares salen adelante. «Según nuestras estimaciones, podría suponer unas pérdidas de 6 a 8 millones de euros en la comarca» por diferentes conceptos como «pérdida de productividad, ayudas de la PAC, jornales, pérdida de empresas; y todo eso descontando ya el dinero que ingresarían como compensación por las placas».

Además, el secretario de UPA recuerda que «se ha demostrado también la pérdida de fertilidad de las tierras que luego se queden cercan de las plantas por el aumento de temperatura que producen».

Los proyectos, recuerda Francisco Moreno, ponen en jaque «la ampliación de la comunidad de regantes, que ya tiene una dotación de agua aprobada cuando llueva, y también se finiquitaría».

Fernández de Mesa añade que «lo que sí tienen que tener en cuenta los agricultores es que si lo hacen, pierden los derechos de esas tierras sobre la PAC». A su juicio, «no lo veo ni bien ni mal, depende de la decisión de cada agricultor».

La Junta asegura en privado que no puede negarse a dar autorizaciones a empresas que cumplen con los requisitos legales para lograr un permiso. En este sentido, la alcaldesa de Pedro Abad explica que «podemos hacer muy poquito porque la Junta tiene las competencias».

En cualquier caso, la esperanza de detener este proceso está puesta en el fin de los plazos de tramitación de los recursos y expedientes. Además, hace dos semanas se realizó una reunión de las dos alcaldesas con la viceconsejera y los delegados de las área afectadas. «Puede haber una solución», insiste la alcaldesa de Bujalance, ya que «según nos dijo la viceconsejera», no habría precedentes de plantas solares en Andalucía que «salgan o adelante por el hecho de necesitar una expropiación forzosa», como sucedería en el Alto Guadalquivir.

ABC ha intentado esta semana recabar la posición del delegado de Energía de la Junta de Andalucía, Agustín López, o de algún responsable de la consejería, pero la administración andaluza ha declinado pronunciarse por tratarse de «un proyecto en tramitación». La alcaldesa de Pedro Abad, Elena Alba (PP), igualmente prefirió no realizar manifestaciones públicamente hasta «la semana que viene».