Caso Infraestructuras | La Policía Nacional detiene por cohecho, falsedad y pertencia a grupo criminal a un empresario en Córdoba

El empresario, que se ha acogido a su derecho a no declarar, está relacionado con esta presunta trama en el área de Infraestructuras del Ayuntaminto de Córdoba y fue detenido en dependencias policiales. Tras prestar declaración fue puesto en libertad con cargos, según han constatado estas mismas fuentes.

Con esta nueva detención dentro de la investigación sobre el llamado 'caso Infraestructuras' ya son 13 los empresarios detenidos junto al ex concejal del área David Dorado detendios y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en una tercera fase de la bautizada como 'operación Caronte'.

Esta operación policial se en marca en la investigación guiada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital para tratar de esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba por lo que analiza obras relacionadas con el alumbrado de la ciudad concentradas en 2020 y a la espera de saber qué hará otro juzgado con otra remesa de contratos de entre 2016 y 2020 que también se investigan.

La Policía Nacional cerró la primera fase de esta operación el pasado 12 de diciembre con la detención del concejal no adscrito David Dorado (quien pilotaba Infraestructuras en 2020) y 12 empresarios presuntamente relacionados con la concesión irregular de contratos del área. Previamente el juez del caso ya había investigado a la excoordinadora del Área y al Jefe de Mantenimiento de Colegios del Ayuntamiento, imputados .

El atestado policial derivó en la imputación a Dorado de presuntos delitos de cohecho, malversacion y pertenencia a grupo criminal  cuando acudió a declarar a la Comisaría. Los empresarios han terminado también acusados de posibles delitos de cohecho, cooperación necesaria en prevaricación administrativa e incluso malversación de caudales públicos.

Lo curioso del caso es que en el último auto del juez la situación procesal de Dorado se considera «incierta». ¿Por qué? El supuesto más grave, que será investigado como pieza separada, tiene que ver con una agencia de publicidad que es uno de los más antiguos proveedores municipales en esta materia. Su administrador asegura que el edil le propuso repartirse 30.000 euros de fondos europeos Edusi. La técnica: buscar empresas que presentaran ofertas o crear directamente testaferros. Nombres de paja. El empresario dice que se negó y que comunicó el asunto a la oposición.

A partir de ese supuesto cohecho en grado de tentativa (el asunto no llegó a nada), todo a lo que se enfrenta Dorado tiene un punto líquido. No hay, en este momento, indicios de que recibiese regalos de las empresas a las que se le encargaban contratos en Infraestructuras como sí ocurre con el resto de la cúpula del área. La principal acusación que pesa contra el concejal no adscrito es que puso a las personas oportunas para que el sistema funcionase.

David Dorado está ahora pendiente de prestar declaración ante el juez instructor el próximo 2 de marzo junto a la ex coordinadora del área, ya imputada por estos hechos; mientras el próximo 3 de marzo está previsto que declare el resto de empresarios implicados en esta causa. Ese último auto también abrió la posibilidad de iniciar cuatro causas nuevas para seguir el hilo de lo descubierto por la Policía: pagos en especie al funcionario imputado, sobredimensionamiento de facturas o servicios no prestados pero sí cobrados, obras en un parking particular con medios municipales y el caso del almuerzo entre Dorado y una agencia de publicidad ya citado.

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El juez detectaba, y así lo recogía en su primer auto, la posible elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar. No son los únicos delitos por lo que llamó a declarar como investigados a dos funcionarios sino también enumeraba la posible existencia malversación de caudales o falsedad documental.