En declaraciones a ABC, el fiscal jefe Fernando Sobrón ha reconocido que se encuentra en la misma línea que el juez instructor Rodríguez Laínz aunque en este momento procesal corresponde la toma de decisiones al Juzgado.
En este sentido, Sobrón no ha puesto ninguna objeción a la decisión de Laínz de abrir estas cuatro causas derivadas de los resultados de la práctica de diligencias por parte de la Unidad contra Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional.
El responsable del Ministerio Público en Córdoba ha matizado que la investigación, en cualquier caso, «está en un momento muy incipiente, que hay que dejar trabajar a la Autoridad Judicial y que poco a poco ya se irá viendo el avance y si se concretan las imputaciones y se convierten o no en acusaciones formales«.
Hay que recordar que el atestado policial recibido por Laínz ha permitido según constaba en el auto judicial «constatar la existencia de nuevas infracciones criminales que solamente en parte perminten apreciar la existencia de una identidad subjetiva y, sólo parcialmente coincidiente, con los hechos por los cuales se sigue la presente causa; que se ciñen solo y exclusivamente a las irregularidades administrativas detectadas en el concido Plan de Choque del año 2020«.
Tramitar los supuestos de forma separada
Abrir una macrocausa, añadía Rodríguez Laínz en su auto «nada aparota a ese esclarecimiento ni determinación de responsabilidades; resultando más práctico tramitar de forma separada los distintos supuestos en los que podría apreciarse la existencia de prevaricación, malversación de caudales públicos o cohecho«.
Unas palabras a las que la Fiscalía -de la que partía la causa a través de su Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos no ha puesto hasta la fecha ningún reparo.
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