Tribunales
El juez del caso Infraestructuras cree que se pudieron manipular contratos en Córdoba durante una década
Imputa a Dorado pero extiende los presuntos delitos a la cúpula del departamento por recibir dádivas de las empresas beneficiadas
El caso que marca la agenda política
Detectan patrones comunes en la firma de los contratos de Infraestructuras
Rafael Ruiz y Pilar García-Baquero
Córdoba
El juzgado de instrucción número cuatro de Córdoba ha comunicado a las partes la consideración de investigado (imputado) al concejal no adscrito, antes en Ciudadanos, David Dorado, por su presupuesta participación en lo que se ha llamado como caso Infraestructuras. El auto considera ... que tanto la excoordinadora general del área, María Luisa Bueno, como el jefe de unidad que ya estaban imputados tienen que ser investigados por los supuestos delitos por los que se detuvo a Dorado por la Policía Nacional: integración en grupo criminal, cohecho y malversación de caudales públicos. Ya estaban imputados por prevaricación y falsedad documental.
La cuestión de fondo es que con David Dorado y María Luisa Bueno tuvieron lugar irregularidades, presuntamente y según el relato de hechos que establece el juzgado. Pero afirma que no es una cuestión exclusiva de su presencia. De hecho, el juez Rodríguez Laínz cree la manipulación de contratos llega a diez años aunque no es una cuestión a investigar en estos momentos, asegura. Obviamente, Dorado no estaba en política en ese plazo por lo que es el funcionario municipal el centro de todas las miradas.
Eso no implica que se vaya a abrir un procedimiento judicial de estudio de contrataciones que se ligan al momento en el que el funcionario tomó su plaza como funcionario, en 2018. El juez entiende que esto daría lugar a un macroproceso ingobernable. Rodríguez Laínz opta por investigar lo que tiene a tiro sin que entren en concurso otros elementos como que los hechos estén prescritos, no se encuentren bajo la competencia del juzgado o que sean responsabilidad de un tribunal del jurado.
El auto del juez explica una situación en el que las empresas entregaban regalos a los altos cargos de Infraestructuras investigados a cambio de las contrataciones recibidas. Dorado es el que mejor parado sale en este caso porque su participación en los hechos tiene que ver, presuntamente, con sus decisiones para que la excoordinadora general fuese quien gobernase realmente el área y quien tomase las decisiones. De hecho, la decisión del nombramiento se tomó, según el testimonio de un director general del Ayuntamiento, con un informe expreso de no idoneidad como consecuencia de unas obras de impermeabilización realizadas en un parking de la plaza de Cuba.
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El juez reconoce que se están investigando varias líneas sobre Dorado que, en estos momento, no se concretan sino en sospechas. La primera, como se ha dicho, es que hizo todo lo posible por colocar a María Luisa Bueno a pesar de su falta de idoneidad, dice. La segunda es que intentó repartirse un contrato de publicidad con una agencia especializada durante una comida en un restaurante de la ciudad. El contrato era de 30.000 euros y forma parte de un proveedor habitual del Ayuntamiento. El propietario de la agencia declaró que puso los hechos en conocimiento de la fallecida concejala de IU, Amparo Pernichi. El mecanismo que se pretendía usar era el de crear cuatro o cinco empresas (o buscarse testaferros) que se presentaran a licitaciones. Los fondos procedían del Plan Edusi, que supuestamente tiene controles muy serios para evitar el fraude, de la Unión Europea.
Los indicios sobre la coordinadora general y el funcionario son bastante más contundentes. Sobre la primera, se asegura que se le pagaron, desde las contratistas, actuaciones de mantenimiento en la vivienda de su propiedad. Sobre el segundo, que recibió un largo etcétera de dádivas en el que se incluyen varias estancias hoteleras en distintos puntos o la cesión de una parcela de terreno. La investigación de la Policía es la que ha arrojado más elementos de juicio. Por ejemplo, se han detectado facturas de hoteles en Madrid, Estepona, Doñana, Motril o Liébana, entre otros destinos.
Lo que explica el auto es que el Área de Infraestructuras acudía a estas empresas cuando las necesitaba y cuando no. Existen indicios de que se subcontrataban trabajos que se podían realizar con personal propio del área municipal. También, que se han presentado facturas externas al cobro sobre trabajos que, en realidad, hicieron los funcionarios de Infraestructuras.
El juez reconoce en el auto (donde también confirma la imputación para nueve empresarios) que se está trabajando en la cercanía e identidad de las mercantiles con el funcionario responsable de los contratos que se sustancian en las sospechas de que pagaban dádivas a cambio. El magistrado no ha imputado a todos los empresarios por los mismos delitos. De hecho, ha decidido excluir a detenidos por la Policía Nacional de la causa al no apreciar indicios de delito.
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