Caso Infraestructuras| El juez llama a declarar como testigo al portavoz municipal de Cs David Dorado

Estas diligencias se unen a las ya practicadas por Rodríguez Laínz como son la toma de declaración como investigados en la causa hasta el momento, a la excoordinadora general de Infraestructuras y a un jefe de unidad del departamento en cuestión .

En el auto dictado por el juez, adelantado por Cordópolis, al que ha tenido acceso ABC, se recoge esta petición surge tras haber practicado diligencias de investigación penal por supuestos delitos , inicialmente, de prevaricación y falsedad en documento público, así como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos. Ésta, a su vez, trae causa de denuncia presentada en Fiscalía por el Grupo Municipal Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía y Grupo Municipal Podemos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz acuerda la práctica de nuevas diligencias de investigación encaminadas a esclarecer los hechos investigados.

La primera de ellas es solicitar a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba que informe sobre la determinación de a cargo de qué partida presupuestaria se correspondían las cantidades disponibles para el área de infraestructuras en cuanto al Plan de Choque Córdoba del año 2020.

En segundo lugar, que determine qué cantidades ejecutadas de dicho plan correspondían al área de Infraestructuras y dilucidar si entre los contratos que han sido objeto de denuncia por parte de la Fiscalía existían expedientes que iban con cargo a subvenciones de la Junta de Andalucía , con identificación de éstos en relación con el número de ordinal asignado en la denuncia.

En cuanto a las declaraciones, Rodríguez Láinz ha llamado como testigos al portavoz municipal de Cs David Dorado, al capataz de las obras y a otro técnico participante en estos programas de obras el próximo 11 de mayo, según han confirmado a ABC fuentes del TSJA.

En concreto, en el último auto dictado por el magistrado Rodríguez Laínz, enumera la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal para la contratación de servicios u obras , mediante técnicas de fraccionamiento de costes. Y todo ello pese a constar con la existencia de informes desfavorables. Detecta así mismo la posible elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar.

Aprecia también la p osible existencia de falsedad en documento oficial en lo que respecta a la firma de certificaciones de obra , así como, en su caso, « posible delito de malversación de caudales públicos, de concretarse la existencia de pagos indebidos , duplicados o indebidamente justificados». De momento, la presunta panoplia de posibles delitos no incluye el cohecho que es la figura legal que designa el enriquecimiento ilícito.

La investigación que inicia ahora este juzgado va encaminada a determinar el aparente grado de « apartamiento de la legalidad administrativa que se describe producida en los 24 expedientes gestionados por la coordinadora del área », y en cuanto a la segunda persona investigada, «como consecuencia de la labor de jefatura y supervisión que se le atribuye, desoyendo, aparentemente los informes técnicos que desaconsejaban tal forma de tramitación de diferentes contratas adminstrativas».