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La huelga de Letrados de la Administración de Justicia obliga a suspender un centenar de juicios en Córdoba
La Unión Progresista de Letrados prevé otras dos jornadas de huelga de cara a los días 14 y 15 de diciembre si el Ministerio no afronta su compromiso
Córdoba
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Iniciar sesiónLa huelga de Letrados de la Administración de Justicia en Córdoba con un seguimiento del 80 por ciento en la provincia ha puesto en jaque la prestación del servicio. La segunda jornada de huelga de estos fedatarios públicos ha superado en volumen a la ... primera convencidos de que el Ministerio de Justicia no puede dar ahora marcha atrás con unos compromisos adquiridos y firmados en papal el pasado mes de abril.
Los efectos colaterales de esta huelga son cuantiosos y su onda expansiva se dejará notar incluso con juicios que se han suspendido, por ejemplo, en el ámbito de lo Social que no se volverán a señalar hasta 2024.
Son los datos que han facilitado este mediodía a ABC el portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, Francisco Aguilar y el delegado en Córdoba de esta asociación, Antonio García, convocantes de la huelga de estos dos días que continuará si nada cambia de cara a los días 14 y 15 de diciembre.
En cifras, la huelga ha provocado que se hayan suspendido en estas dos jornadas en Córdoba y provincia más de 100 juicios, vistas orales , y unas 60 actuaciones judiciales donde era preceptiva la intervención nuestra como fedatarios públicos.
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Además de estas suspensiones, estos letrados cuentan que no se ha llevado a cabo ningún acto de comunicación ni con las partes, ni con el ciudadano ni tampoco con los profesionales del derecho -abogados o procuradores- porque las notificaciones por ley, se realizan bajo su dirección superior.
En este mismo panorama de huelga, tampoco se ha fichado en el Servicio Común así como las funciones del Decanato como son registros de demanda de reparto ni tampoco se han llevado a cabo lanzamiento de desahucio y embargos.
El portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia ha contado que se ha experimentado un incremento en cuanto a la participación respecto de ayer que ya fue superior al 75 %. «Hoy estamos en condiciones de decir por los datos que han sido recabados que el seguimiento roza el 80 %; hay muchos más compañeros que ayer, por distintas circunstancias, no secundaron la huelga y que hoy si se han sumado a la misma», han explicado en esta jornada.
Y, por tanto, según los portavoces de esta asociación «en base a esta abrumadora respuesta del colectivo, está claro que el Ministerio de Justicia debe entender que tiene un conflicto y que cuando un grupo de profesionales durante un año -esta es la tercera vez en 2022- que se ponen en huelga, evidentemente hay un importante conflicto«.
Para estos convocantes de la huelga, «el conflicto deriva del incumplimiento por parte de la ministra de Justicia de su propio compromiso, y en consecuencia, el perjuicio inevitable para el servicio público de esta huelga es atribuible exclusivamente a la señora ministra que ha demostrado que no tiene palabra«.
En esta misma línea, ambos letrados representantes de la mayoría de sus compañeros en Córdoba han recordado que evidentemente si la ministra persiste en la misma actitud de no afrontar el conflicto ni dar una solución al problema cumpliendo su propio compromiso están ya convocadas dos jornadas de huelga nuevamente para los días 14 y 15 de diciembre y y por supuesto, como también se ha dicho con una huelga indefinida en el horizonte a principios de año.
Este hecho se produce después de que el Ministerio de Justicia se comprometiera con las asociaciones representativas de letrados «a dotar de coherencia nuestro régimen retributivo« y a equiparar nuestro sistema retributivo al resto de funcionarios de esa misma categoría profesional del propio Ministerio.
Es decir, según estos letrados de Justicia, «el compromiso era por una parte, establecer una cláusula de enganche a la sistemática motivo de jueces y fiscales e introducir una enmienda de eficiencia organizativa actualmente en trámite parlamentario.
Actualmente no se ha cumplido ese compromiso ni tampoco se han modificado los grupos de población aplicables que iba a permitir «esa equiparación respecto del resto de los funcionarios a misma categoría profesional del propio Ministerio».
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