Dos detenidos y un imputado por el presunto fraude en la formación

La investigación, que coordina la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y supervisan ocho juzgados provinciales, se ha centrado en los cursos con compromiso de contratación autorizados por la Junta en 2011. Entonces, el delegado de Empleo era el exalcalde de Pozoblanco, Antonio Fernández. En Granada, el diario Voz Pópuli asegura que se ha detenido a un exresponsable autonómico de este departamento.

Fuentes conocedoras de la investigación dijeron que estos cursos obligaban a las entidades beneficiarias a contratar, al menos, a un 60 por ciento de los alumnos. Tanto telefónica como presencialmente, los agentes han citado a alumnos, formadores y representantes de las entidades beneficiarias.

Querían saber si los cursos se dieron, si se trataba de una iniciativa real o una mera pantalla para recibir fondos autonómicos o si efectivamente se contrataba al número de personas por las que se recibía la ayuda. En total, se repartieron más de dos millones de euros en una sola convocatoria entre más de 30 entidades de diversos sectores. Algunas son empresas consolidadas, otras son organizaciones sin ánimo de lucro con trayectoria relevante y otras son sociedades del sector de la formación. También hay instituciones públicas como el listado. Entidades como la patronal del sector metalúrgico Asemeco han negado rotundamente que hayan cometido irregularidades.

Todas las fuentes aseguran que la operación sigue abierta dado el altísimo número de detenciones ya realidades (unas 220 personas en toda Andalucía) y por la complejidad de la macrocausa. En realidad, los agentes han podido determinar el altísimo grado de fraude en los expedientes sobre los que se han realizado averigaciones con profesores poco formados, cursos que no se llegan a realizar y compromisos de contratación que nunca llegaban a verse. Unas 3.000 personas han sido llamadas a declarar como testigos en la trama de formación.