La Junta entierra su informe sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral

Ese documento nunca se ha hecho público y, si alguna vez se llegó a redactar, el Gobierno de la Junta lo está ocultando de manera deliberada. Durante meses, las peticiones para consultarlo eran despachadas, tanto a la prensa como a los parlamentarios que lo quisieron ver, con el argumento de que se estaba realizando. El pasado 16 de septiembre, el Cabildo pidió expresamente que se hiciese público su contenido teniendo en cuenta que la entidad religiosa es afectada por esta cuesitón. La Junta nunca lo ha hecho.

El último paso del Gobierno andaluz es el de desconocer la propia legislación sobre transparencia y gobierno abierto que forma parte de la propaganda del Ejecutivo. Directamente, las solicitudes de acceso al expediente no están siendo atendidas, legalmente presentadas, lo cual supone que se contestan por silencio administrativo negativo. Sin dar razones ni establecer justificaciones para una respuesta que ignora la ley básica, estatal, sobre transparencia y la propia de la comunidad autónoma.

Una norma que «abre puertas y ventanas en el conjunto de las administraciones y obliga a aquellos que reciben recursos públicos a hacer transparente la gestión de esos recursos», según las declaraciones del presidenta Susana Díaz, cuando impulsó la norma como consejera de Presidencia. No parece haber prisa en su implantación real.

ABC realizó la prueba de algodón de hasta qué punto sirve una ley de transparencia para consultar los documentos que los responsables políticos no quieren que se vean. Un redactor de este periódico presentó el pasado 7 de enero ante la Delegación del Gobierno una solicitud reclamando el acceso completo al informe así como todos los documentos complementarios.

El 15 de enero, la entonces delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio, libró el oficio 248-100 en el que se informa, muy sucintamente, que la solicitud había sido transferida a los servicios centrales de la Consejería de Presidencia, en Sevilla, ya que es el órgano competente para resolver.

Desde esa fecha hasta ahora, no ha habido respuesta. De hecho, la ley asegura que si en 30 días no ha habido respuesta se considera que la solicitud se rechaza por silencio administrativo a pesar de que el informe sobre la Mezquita-Catedral no afecta a ninguno de los elementos protegidos que se señalan en la legislación y que permitirían un acceso parcial o la denegación del mismo.

Es decir, ni afecta a la seguridad nacional, ni a la política monetaria, ni a cuestiones relativas a un pleito -no existe ninguna causa abierta al respecto- ni se vulnera la legislación sobre datos personales. Fuentes de la Iglesia aseguraron ayer, de hecho, que se ha requerido públicamente en varias ocasiones que se conozcan los argumentos jurídicos de la Junta también sin éxito para contrastarlos con los de sus expertos.ç

El Gobierno central sí que ha facilitado en varias ocasiones sus exámenes legales en los que queda constancia que no existe ninguna razón para pensar que la Mezquita-Catedral sea dominio público. Lo hizo con el informe preparado por la Abogacía del Estado y con los responsables del patrimonio público del Ministerio de Hacienda.