El Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas que recurrió la Junta y que afecta a 865 patrimonios andaluces

El Tribunal ha desestimado el recurso de la comunidad de Madrid que tiene la misma base que el presentado por el Gobierno andaluz

Andalucía es la segunda comunidad en la que más recaudó el Estado por el impuesto a grandes fortunas

El presidente andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Guillermo navarro

J. Alonso

Sevilla

El Tribunal Constitucional ha avalado hoy el Impuesto a las Grandes Fortunas implementado por el Gobierno de España en 2022 y que fue recurrido por la Comunidad de Madrid y por Andalucía. Este tributo, que afecta a los grandes patrimonios superiores a tres millones de ... euros netos tiene efecto sobre todo en las comunidades autónomas que han suprimido el Impuesto de Patrimonio, como es el caso de Madrid y Andalucía.

De acuerdo con los datos del propio Ministerio de Hacienda, el Impuesto a las Grandes Fortunas recauda anualmente en torno a 868 millones de euros distribuidos en unos 12.000 declarantes. De estos la mayor parte se encuentran en Madrid y en segundo lugar en Andalucía donde afecta a 865 patrimonios y se recaudan 29,7 millones de euros.

El motivo de que la recaudación se centre en Madrid y Andalucía es este impuesto se reguló de forma que sólo se tributa por la parte del patrimonio que no ha sido gravada por la comunidad autónoma en el Impuesto sobre Patrimonio. De ahí que las comunidades que han suprimido este tributo sean las más afectadas.

Por este motivo, comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía o Madrid, elevaron este asunto al Tribunal Constitucional aludiendo a una invasión de competencias autonómicas al interpretar que el impuesto se regulaba como respuesta a la decisión de bonificar al 99% el Impuesto de Patrimonio.

El Tribunal Constitucional, no obstante, ha entendido que no hay invasión de competencias. La resolución se ha aprobado por 7 votos contra 4. En cualquier caso, esta resolución sólo afecta al recurso de Madrid y aún quedaría por resolver el de Andalucía, aunque la base en la que se sustentan ambas iniciativas es la misma.

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