La ponencia del Constitucional y la Fiscalía se alinean a favor de anular la prevaricación de Magdalena Álvarez en el caso ERE

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que la ponencia, a cargo de la vicepresidenta del tribunal, la magistrada Inmaculada Montalbán, coincide con el criterio de la Fiscalía y plantea que estime el recurso de Álvarez en lo relativo al delito de prevaricación. El Pleno del TC tendrá que votar si apoya o no la redacción propuesta.

A principios de año trascendió que el Ministerio Público había informado a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.

Las fuentes consultadas precisan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos -luego aprobada como ley- podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.

Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el juez en cuestión tenía que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley en lugar de declarar ilegal la norma.

El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales», según ha apuntado este lunes el tribunal en una nota informativa.

El Tribunal Constitucional (TC) comenzará la próxima semana a deliberar sobre los recursos de amparo presentados por doce de los condenados por el 'caso ERE', según ha anunciado este lunes la corte de garantías.

Lo hará tras un año y medio de estudio de los recursos que impugnan las sentencias de la denominada «pieza específica», relativa al uso irregular de las subvenciones autonómicas de la Junta de Andalucía para los Expedientes de Regulación de Empleo.

Una parte de los responsables fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, y algunos de ellos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo confirmó en 2022 la condena al expresidente andaluz Manuel Chaves a 9 años de inhabilitación por prevaricación y la de su sucesor José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación, a 6 años de cárcel, donde no ha llegado a entrar por el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece.

En el orden del día del martes 18 de junio incluye el Pleno su previsión de deliberar sobre los recursos interpuestos por la exministra socialista Magdalena Álvarez y José Antonio Viera.

En septiembre, el Constitucional rechazó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete de los condenados para suspender sus penas de prisión: Márquez, Serrano, Fernández, Vallejo, Rodríguez, Viera y Martínez.

La Fiscalía del Constitucional, en sus alegaciones a los recursos, apoyó revisar algunas condenas por prevaricación, entre ellas la del expresidente Chaves, pero no las impuestas por malversación, lo que perjudicaría a su sucesor Griñán, ya que fue el segundo delito lo que le acarreó pena de prisión.