El suicidio de otro recluso eleva a 34 las muertes en la prisión de Algeciras en los últimos seis años

Se trata de un interno de nacionalidad española, de 39 años, que tras salir en marzo regresó dos meses después. Con una amplia trayectoria penal y penitenciaria, según dicho sindicato estaba bajo tratamiento psiquiátrico, por lo que la dirección de esta prisión solicitó su traslado al Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla o a la unidad de Psiquiatría del hospital de la Línea de la Concepción, «pero ambas solicitudes fueron denegadas».

Este sindicato denuncia la grave situación que se vive en Botafuegos: «Si en una coctelera vertemos ingredientes como, la falta de recursos humanos, la masificación de reclusos, una deficiente atención sanitaria y presos con patologías mentales y toxicomanías no tratadas adecuadamente, basta con agitarla un poco para que se generen amenazas, insultos, agresiones, coacciones, sobredosis, tentativas de suicidio, suicidios… poniendo en peligro la salud, la integridad física e incluso la vida de todos los que trabajan o viven dentro de un establecimiento penitenciario», ha asegurado en un comunicado.

Además, alerta de que en esta cárcel «no se dispensa una atención sanitaria adecuada. No cuenta con subdirector médico, de nueve médicos sólo hay dos disponibles; la relación de puestos de trabajo no contempla la figura del psiquiatra a pesar de que casi 600 internos de unos 1.100, toman medicación psiquiátrica a dosis elevadas, por lo que eel preso que pide ser tratado de su adicción a la toxicomanía no es tratado o no se le trata adecuadamente porque no hay profesionales suficientes».

Acaip añade que ha trasladado esta situación al Ministro del Interior, a Instituciones Penitenciarias, a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o al Defensor del Pueblo, entre otras instituciones: «Todos nos escuchan y se sorprenden pero prima la falta de voluntad de todas las partes implicadas para resolver el problema de la sanidad penitenciaria en las prisiones españolas».

Por último, sostiene que la sanidad penitenciaria está «agonizando» y que los médicos no quieren trabajar en las prisiones «porque no es atractivo», por lo que afirma que la única solución es la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas en cumplimiento de una Ley que es del año 2003, «algo que aún no se ha producido por un trasfondo puramente económico mientras que la población reclusa está sin la atención médica adecuada, con problemas de sobredosis y suicidios, además los empleados penitenciarios con mil y un problemas», ha denunciado en un comunicado.