El Puerto de Santa María baraja el recurso de casación tras la sentencia que declara nulo el PGOU de 2012

La nulidad del PGOU se argumenta en: una falta de informe de sostenibilidad económica , falta de evaluación ambiental estratégica y la falta de integridad en la cohesión del documento . «Entendemos que hay una discrepancia entorno a los criterios de la Junta, que es quien aprobó el Plan y los de legislación española», matizó el regidor portuense.

No obstante, reiteró que «el Plan está vigente » porque hay hasta 30 días para recurrir ante el Supremo. No afecta «al Prepriche, que tiene una triple protección: previsión plan de 2012, Ley Patrimonio, y el del 96». Tampoco afecta a los convenios relacionados con el Plan Especial del puerto. Se podrán seguir concediendo licencias urbanísticas.

El Ayuntamiento tiene ahora la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que «debe ir acompañado, para tener garantía, de algunas cuestiones vitales: trabajo que se ha realizado de revisión y avance del Plan General, que contará con el mayor consenso posible, y que nunca irá en contra de los desarrollos planteados en 2012».

El recurso se va a proponer a la Junta de Andalucía, explicó Beardo, quien afirmó que «tenemos que ir de la mano del Gobierno andaluz«. De ahí que este jueves haya una reunión con la Dirección General de Urbanismo y con la Secretaría General de Ordenación del territorio y la próxima semana a la Consejería para plantear escenarios. «Si no se recurre, se volvería al Plan del 92», algo que por el momento se descarta.

La intención del alcalde de El Puerto es que sea una acción que irá de la mano del Ayuntamiento y de la sociedad civil . «Nos jugamos la ciudad de nuestros padres, nuestros hijos y nuestros nietos». De ahí que haya tendido la mano a los grupos de la oposición y a la sociedad civil. Todos los pasos para revisar el modelo urbanístico de la ciudad serán consensuados. Hay un margen de entre dos y cuatro años para la resolución en el Supremo , en el momento en el que se aceptara el recurso.

También se ha acordado solicitar un dictamen a la asesoría jurídica de Urbanismo para tener las garantías, tanto política como técnica, de que sus actos están sostenidos en derecho. Desde El Puerto se llevará a cabo una doble vía: «Un trabajo urbanístico a nivel municipal y de la Junta de Andalucía y otro en el sentido del cambio legislativo en la sede de las Cortes Generales».