Juicio por la «operación Halcón» más de diez años después

También se sentará en el banquillo la pareja de Carretero. la investigación de esta operación, estrechamente ligada a la «operación Karlos», se remonta a noviembre de 2005, cuando el juzgado de Instrucción número 2 Jerez abrió diligencias por un presunto fraude «generalizado» con la creación de empresas ficticias que emitían facturas falsas que se vendían a empresas para que obtuvieran beneficios fiscales. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal recoge que el acusado Carretero ideó en el periodo comprendido entre 1999 y 2000 «la creación de una estructura integrada por entidades con forma societaria e individuos que actuarían como testaferros suyos».

El investigado habría actuado «con el objetivo de beneficiarse ilícitamente aprovechándose de la dificultad de las empresas que realizan su actividad en la economía sumergida para vender sus productos, y sobre todo, de las que, no hallándose en tal situación, compran mercaderías a las anteriores», sin poder justificar tales compras ni compensar, obviamente, el correspondiente al IVA, realmente no soportado en dichas operaciones, con el repercutido a sus clientes.Fraude al Impuesto de Sociedades

Igualmente, «tal provecho ilegal provendría del propósito de muchas de estas entidades mercantiles de reducir indebidamente la cuota adecuada a la Hacienda Pública en concepto de Impuesto de Sociedades, mediante la declaración de compras (gastos deducibles) inexistentes».

En este sentido, entiende el Ministerio Público que para la ejecución de la trama, Carretero «contó con la colaboración principal de los también acusados M.G.M. y S.M.V., a quien se refiere como su «hombre de confianza». También alude en este punto a la pareja de hecho de Carretero, Elisa I.C.G., a quien considera «verdadera lugarteniente» del mismo en estas actividades como «encargada de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas».

El pasado 20 de julio de 2015 ya se celebró una vista preliminar a puerta cerrada. No hubo acuerdo. Durante estos meses incluso algunos de los acusados han solicitado el cambio de letrado que los defendía. El principal impedimento para que no hubiera acuerdo de conformidad, como aspiran la mayoría de los acusados, vino por parte de la Abogacía del Estado, que reconoció tener órdenes de no pactar conformidad alguna si estos no pagan el dinero que adeudan al erario público.