Fiscalía archiva la denuncia contra la Autoridad Portuaria y la Junta por el alga asiática invasora

Los ecologistas consideran que la APBA y la Junta pueden ser responsables «de dejación de funciones ante la presencia y extensión de esta especie».

En su resolución, la Fiscalía acuerda el archivo de las diligencias de investigación penal incoadas por un presunto delito contra los recursos naturales, «habida cuenta de que los hechos denunciados no revisten indicios suficientes de criminalidad pese a las argumentaciones expuestas en la denuncia inicial».

Según consta en su resolución, a la que ha tenido acceso ABC , la fiscal aclara que, no obstante, los hechos denunciados pueden quedar encuadrados en el ámbito de la jurisdicción administrativa , «sin perjuicio de realizar cuantas actuaciones de investigación fuesen precisas ante nuevos hechos denunciados».

Los ecologistas lamentan que la Fiscalía «no profundice en los graves problemas » que está ocasionando esta especie en el medio marino, en la pesca y en el turismo en la zona, y cuyo origen atribuye al lastre de los barcos procedentes de Asia que navegan por el Estrecho de Gibraltar.

En su denuncia, los aseguraban que la proliferación de dicha especie supone « la mayor amenaza para la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas naturales».

También destacaban que reputados científicos atribuyen el origen del problema a la gestión de las aguas de lastre de los buques que fondean en la Bahía de Algeciras y que no se ha cumplido el convenio internacional de gestión de aguas de lastre.

Además, sostienen que la Junta está obviando este problema desde que comenzó, en el año 2016, y la acusa de «omisión de funciones» en áreas de su competencia al tratarse de aguas de espacios protegidos.

Entre las graves consecuencias de la proliferación de esta alga, alertan de la importante pérdida de biodiversidad que está provocando en el Estrecho. La especie está tapizando zonas con alto valor ecológico, como la isla de Tarifa y su entorno, con diversas especies protegidas y hábitats naturales de interés comunitario, cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación.