Detenidas 16 personas en La Línea por construir viviendas con dinero del narcotráfico

La investigación ha sido realizada en unión de la Fiscalía de Medio Ambiente y ha contado con la colaboración de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción para tomar medidas orientadas a devolver la zona afectada a la legalidad.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la creciente proliferación de viviendas de reciente construcción, asentadas en terrenos no urbanizables y de especial protección agrícola, ubicadas en la zona de El Zabal.

Los propietarios o moradores de las viviendas eran objeto de interés policial por sus presuntas vinculaciones con el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar . Edificaron los inmuebles haciendo caso omiso a toda advertencia por parte de las autoridades competentes en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción.

Además de las viviendas se habían construido zonas ajardinadas con todo lujo de detalles que denotan un nivel de vida no acorde con los ingresos declarados por sus moradores o propietarios, según ha destacado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

Los investigadores comprobaron que los distintos propietarios, de común acuerdo, dividieron un terreno de especial protección agraria en parcelas amuralladas de unos 800 metros aproximadamente y comenzaron a construir sus chalets, no atendiendo a las distintas advertencias sobre la ilegalidad de dichas obras que recibieron por parte de las autoridades competentes.

Las viviendas investigadas son de reciente construcción, no superando los dos años de antigüedad. Durante la inspección de los 14 inmuebles investigados se procedió a la identificación y detención de los 16 propietarios como presuntos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

En el transcurso de la investigación también se ha podido comprobar cómo los detenidos, para conseguir la parcelación del terreno rústico, habían creado supuestamente dos sociedades instrumentales o empresas pantalla con el único fin de poder sortear dicha prohibición legal y así poder dividir el terreno en parcelas. Según la documentación analizada, cada uno pagó 2.000 euros por parcela.