Declaran dos candidatos de IU por un presunto delito electoral

El procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada por el PSOE contra dos militantes de IU que concurrían a las municipales en los puestos 17 y 19 de la candidatura.

Los hechos denunciados se remontan a la madrugada del 15 de mayo, cuando «varios ciudadanos pudieron observar» como estas dos personas «se dedicaban a repartir textos diversos por el pueblo cuyo contenido era difamatorio, injurioso y calumnioso » contra el exalcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía, Francisco Carrera, y varios miembros de la candidatura socialista.

Asimismo, los mencionados testigos pudieron percatarse de que estas dos mismas personas « manipulaban la cartelería electoral » colocada por el PSOE. Dicha manipulación consistía en «romperlos y/o colocar un cartel sobre el mismo en el que podía leerse ` Paco imputado ».

Sobre los textos supuestamente repartidos por los dos denunciados, detalla que eran publicados «anónimamente» y su contenido resultaba «injurioso y calumnioso» sobre el alcaldable socialista y otros miembros de la candidatura , a quienes se tachaba, entre otras cuestiones, de «enchufados».

En cuanto a Carrera, que fue alcalde de la localidad, el citado texto destacaba que declaró como imputado, en marzo de 2014, por presunta prevaricación por el fraccionamiento del pago de las murallas de la Fuente Salada y su entorno. Al respecto, el PSOE ha recordado que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa , lo que fue finalmente aceptado por el juzgado procediendo al archivo de la misma.

Asimismo, se le acusaba en el panfleto anónimo de «conceder negocios públicos exclusivamente a personas afines al partido» y de «sueldos excesivos, puestos redundantes en Alcaldía para colocar a personas o familiares afines al partido ».

Igualmente, se le achacaban « viajes y comidas pagadas con dinero público » y el «uso de coches oficiales para sus viajes a los chalets en El Palmar», aludiendo también a «adjudicaciones ilegales de obras por parte del PSOE» o « expropiaciones indebidas » por parte de dicho partido con el consiguiente coste para el Ayuntamiento, entre otras.