El juez reactiva la investigación por el «banquito» de Nueva Rumasa en Jerez

El auto del juez de 8 de junio de 2015 destaca que resulta «indiciariamente acreditado» que entre los años 2009 y 2011, coincidiendo con el supuesto «vaciamiento patrimonial» y la extrema falta de liquidez de las empresas de Nueva Rumasa, y en todo caso bajo la directa supervisión de los hijos varones del clan familiar y, en última instancia, de José María Ruiz-Mateos, el conocido popularmente como el «banquito de Jerez», siguió dedicado a la posible captación de inversores , ocultando ahora la «real situación de insolvencia de las empresas» que aceptaban el dinero como prestatarias y el auténtico destino del dinero que aquellos depositaban, que en modo alguno estaba dirigido a nuevas iniciativas empresariales.

El «banquito», según ha indicado inversores afectados a ABC, estuvo situado en un despacho de la céntrica calle Porvera y, posteriormente, en la bodega Sandeman. Los afectados han reconocido a este medio que allí se dirigían a cobrar los intereses por sus productos contratados -letras y pagarés-. Algunos han señalado que ya recelaban de la mala situación del grupo pero «siempre nos dijeron que no había problemas, que confiáramos. Que era un rumor lanzado por la competencia». En Jerez hay numerosos afectados por la quiebra del grupo.

Letras y pagarés 

El auto destaca que en la llamada oficina de operaciones financieras de este conglomerado empresarial de Jerez, y siguiendo puntualmente el «plan de financiación fraudulenta» ideado por el clan familiar y puesto en marcha en otras localidades del territorio nacional, las inversiones se articulaban bajo la forma de préstamo , cuya devolución se garantizaba mediante letras de cambio –y en algunos casos también mediante pagarés-, con la intervención de complejo bodeguero Bellavista y la sociedad Zoilo Ruiz Mateos. Las sociedades actuaban formalmente como prestatarias en los préstamos y como libradores en las letras de cambio la compañía de grupo Dhul, actuando como librado/aceptante y de la entidad Vinícola Soto como avalista, todo ello con la finalidad de dar apariencia de solvencia y de garantía a los inversores, mantiene el auto. Ocultaban presuntamente siempre el estado de «insolvencia» y el previo proceso de despatrimonialización generalizado de Dhul y sin que los fondos así captados fueran materialmente recibidos, ni tampoco contabilizados, por ninguna de las entidades formalmente intervinientes en la operación de préstamo diseñado con esta finalidad supuestamente fraudulenta.