Los empresarios gaditanos buscan apoyos para desmantelar el peaje de la AP-4

La provincia de Cádiz es «la única que no se encuentra conectada por vías de alta capacidad con Sevilla y, por ende, con el resto del territorio nacional». Para la CEC, la autopista influye directamente en la población de, al menos, 14 municipios (Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Medina Sidonia, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, El Cuervo, Utrera, Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios, Dos Hermanas y Sevilla), «afectando igualmente, de manera indirecta, a todos los municipios de ambas provincias, incluso de provincias limítrofes». Por tanto, «es enorme la población que se ve afectada por la existencia de la autopista, máxime si se tiene en cuenta el actual estado de la carretera nacional IV, Cádiz-Madrid».

Asimismo, entiende que «influye sobremanera en uno de los principales sectores económicos en la provincia de Cádiz , como es el turismo y el transporte de viajeros, además de en los costes de logística de los productos gaditanos en su salida al mercado nacional».

El desdoble de la N-IV, «inviable» a medio plazo

La CEC afirma ser consciente de que solicitar la liberación anticipada de la concesión administrativa «comportaría unos costes actualmente inasumibles » por los presupuestos del Estado y de la Junta de Andalucía. Igualmente, «la alternativa, el desdoble de la nacional IV Madrid-Cádiz, considerada en su día como opción factible, resulta actualmente inviable a medio y largo plazo por lo costoso y dificultoso». Abunda que la N-IV es «la única carretera nacional radial sin alta capacidad », y su desdoblamiento ~no estaría finalizado en ningún caso antes del plazo previsto para la liberalización del peaje -año 2019-».

Por ello, «sin renunciar a reclamar el desdoble de la Nacional IV», pero teniendo en consideración el actual marco socioeconómico y las limitaciones presupuestarias, la CEC pretende «aunar voluntades para evitar una nueva prórroga en la autopista Cádiz-Sevilla». Así, establecerá contacto con partidos políticos, representantes de la administración y agentes sociales y económicos y trasladará esta petición a los órganos de participación de la provincia, como la Diputación, el Consejo Económico y Social, los ayuntamientos, etcétera, con el fin de que se adhieran a esta petición recogida en un documento que les será remitido.

La CEC pretende recabar la firma de todos ellos y de los partidos políticos en el Parlamento nacional y autonómico y obtener el compromiso de que aquellos que se adhieran a este documento -dentro del ámbito de sus competencias y en función del grado de responsabilidad- realizarán cuantas gestiones sean necesarias para que no se prorrogue la concesión de la autopista más allá del plazo previsto, el 31 de diciembre de 2019 , fecha en la que «se debe liberar a toda la población usuaria del pago del peaje».