El aumento de presos incrementa las agresiones a los funcionarios en las cárceles andaluzas

Es prácticamente el día a día de estos trabajadores. En Andalucía son en torno a 5.300 de los que alrededor de 1.800 son mujeres para custodiar y velar por la seguridad de 12.551 presos de los que 791 son mujeres que había a 31 de diciembre de 2023 —últimos datos disponibles en Instituciones Penitenciarias consultados por ABC—. La cifra, evidentemente, oscila dependiendo de los nuevos ingresos y excarcelaciones. Desarrollan su trabajo en un entorno hostil con asesinos, violadores, ladrones, narcotraficantes y todo tipo de delincuentes en los 20 centros penitenciarios que hay en la región: 14 prisiones, cinco Centros de Inserción Social y un psiquiátrico. Casi la cuarta parte de los presos peligrosos de España están además en prisiones andaluzas.

Según datos facilitados a ABC por el sindicato Acaip-UGT, el año pasado se cerró en las prisiones andaluzas con 145 agresiones a funcionarios y 1.286 entre reclusos. A la cabeza, Puerto III con 27 a funcionarios y 214 entre internos, seguida de Huelva, con 19 y 130, respectivamente; Córdoba, con 16 y 103; Sevilla II con 15 y 93; Málaga II (12 y 34) y Puerto I ( 12 y 25). El resto baja de esas cifras aunque también registraron incidentes.

Los sindicatos sostienen que estas estadísticas no son reales y no reflejan lo que de verdad ocurre entre rejas. Y es que sólo constan agresiones físicas graves, pero no los insultos y las graves amenazas o coacciones que soportan, como tampoco los tocamientos, ya que no están contemplados en el protocolo de Instituciones Penitenciarias, por lo que denuncian que se está enmascarando y distorsionando la realidad.

El sindicato CSIF atribuye esta conflictividad, no tanto a la masificación sino a la «pésima clasificación» de la población reclusa por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al mezclar internos que deberían estar en Primer Grado, el más restrictivo, junto a otros de Segundo Grado, lo que genera «constantes» problemas entre los internos y con los trabajadores penitenciarios.

La entrada clandestina de drogas, el 'mercadeo' de las mismas dentro de la prisión y reclusos con enfermedades mentales hacen el resto. «Los perfiles de la población reclusa actual son distintos a los de hace años. Ahora es más peligrosa y conflictiva. Muchos pertenecen a organizaciones criminales. Su clasificación interior está llegando a crear problemas y a poner en peligro a los trabajadores. Crean inseguridad y riesgo para todos», explica Teresa López, portavoz de CSIF Prisiones en Andalucía.

Por ello, CSIF defiende la tolerancia cero ante este tipo de comportamiento: «Hablamos de delincuentes profesionales y reincidentes, politoxicómanos, de objetos punzantes y de situaciones estresantes, como impago de deudas… Los datos de las agresiones físicas que proporciona Instituciones Penitenciarias no son reales. Sufrimos agresiones a diario. Tienes que tener una lesión de cierta gravedad como un ojo morado o costillas rotas para que cuente como tal. No sólo soportamos agresiones físicas sino también verbales y lamentablemente sexuales, y esas no cuentan en esas estadísticas. Las amenazas de muerte hacia nosotros y nuestras familias son constantes. Queremos salir del trabajo como entramos, vivos y sin lesiones».

CSIF y Acaip-UGT exigen que se reconozca a estos funcionarios como agentes de la autoridad para que tengan más protección y las sanciones sean más duras. «Si se nos reconociera como agentes de la autoridad contaríamos con un principio de veracidad y estaríamos más protegidos por el ordenamiento jurídico. Les sale prácticamente gratis agredirnos. Sanciones como privación de paseos por la tarde en el patio o aislamiento es lo máximo. Es vergonzoso. El juez los condena, van a la cárcel y la gente se olvida. Instituciones Penitencias muestra una actitud hacia los conflictos que lo que único que hace es rebajar la gravedad, cede con una benevolencia escandalosa y actúa con una excesiva tolerancia y, con estas situaciones, tolerancia cero», añadió López.

A ello se suma la escasez de personal. «Se están jubilando más de los que entran». Los profesionales penitenciaros engloban a todos los trabajadores en las prisiones, tanto funcionarios como personal laboral; desde personal de vigilancia interior, oficinas, cocineros, electricistas, auxiliares de clínica, limpiadores, fontaneros, psicólogos, juristas, educadores, trabajadores sociales... «Somos un engranaje pero hay escasez en todas las áreas», añade CSIF, que también reclama medios materiales «actualizados» para afrontar situaciones en las que ponen en peligro sus vidas así como una mayor formación para repeler los ataques. «Están más formados ellos que nosotros. Su perfil es muy peligroso».

Otra reivindicación es el aumento del personal sanitario. CSIF y Acaip-UGT denuncian que hay prisiones sin médico físico y que las consultas se hacen por videoconferencia.

Una de las prisiones más conflictivas de Andalucía es la de La Ribera, en Huelva. Figura entre la que más agresiones a trabajadores penitenciarios registra. El año pasado se situó como la cuarta en este ranking a nivel nacional y la segunda a nivel regional. Borja Alonso es delegado de Acaip-UGT en este centro penitenciario. «La población reclusa que tiene Huelva es muy baja, por lo que nos llegan los que se portan peor en el resto de las prisiones de España. Eso se traduce en mayor conflictividad». El pasado mes de junio, en la prisión de Morón de la Frontera, un recluso agarró a una funcionaria de los senos y le empezó a gritar e insultar. Si es complicado ser hombre en estos centros, ser mujer se convierte en una carrera de obstáculos aún más complicada.

Desde Instituciones Penitenciarias se declinó hacer cualquier valoración sobre estas denuncias sindicales.