Anticorrupción reclama 98 años de cárcel a 14 antiguos cargos del PSOE por «extraviar» 1,2 millones de la Junta de Andalucía
La Fiscalía solicita abrir juicio oral contra el exconsejero Francisco Vallejo y exdirectivos de la Agencia IDEA por avalar con dinero público y «sin trámite alguno» a la cooperativa Cofrutex
Francisco del Río, el fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se enfrenta a siete años de prisión por malversación
La Fiscalía Anticorrupción reclama 98 años de prisión, en total, para 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que bajo los gobiernos del PSOE contribuyeron al «extravío definitivo de fondos públicos». El delito que supuestamente cometieron fue conceder a Cofrutex, una cooperativa ... agroalimentaria que arrastraba una pesada deuda, una ayuda «arbitraria e injusta», «sin cumplir trámite alguno», sin bases reguladoras ni publicidad y sin velar por «el interés general». El «daño al servicio público» se ha cuantificado en nada menos que 1.266.241,65 euros: el importe del aval público que está en entredicho, que ascendió a 1,18 millones de euros, con el añadido de las comisiones que también terminaron pagando los andaluces.
Estos argumentos han servido a la Fiscalía para solicitar penas de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta para cada uno de los 14 antiguos cargos políticos acusados por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El relato de los hechos incriminatorios está plasmado con profusión de detalles en el escrito de la Fiscalía, al que ha accedido ABC, remitido el pasado 12 de septiembre al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que ha impulsado esta pieza separada de la macrocausa de corrupción denominada Avales Propios de la Agencia IDEA.
El imputado de mayor rango es Francisco Vallejo Serrano, el que fuera consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre 2004 y 2009, quien salió de la prisión en julio de 2024 tras el borrado parcial de los delitos que hizo el Tribunal Constitucional a su condena firme por el fraude de los ERE en Andalucía. En esta nueva causa le acompañan su exviceconsejero, Jesús María Rodríguez Román; dos ex directores generales de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete y Antonio Valverde, y distintos directivos y miembros del consejo rector de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía desde 2008 hasta 2016. En total, catorce antiguos altos cargos y ejecutivos de la entidad pública se encuentran a un paso de ocupar el banquillo de los acusados en la Audiencia de Sevilla.
La investigación ha finalizado con el procesamiento de 17 personas. Los tres que restan son el presidente, el gerente y el asesor financiero de la sociedad beneficiaria de la ayuda pública, A.J.I.V., L.A.V.F. y M.J.Q.M., respectivamente.
Cofrutex recibió 440.000 euros con cargo al fondo de los ERE dos días después de que el consejo de IDEA le diera un aval de 1,18 millones
El exhaustivo escrito que firman las fiscales delegadas de Anticorrupción en Sevilla María José Sánchez Martínez y Nazaret Salguero Gil pone negro sobre blanco la gestión irregular de los acusados. «Bajo la supuesta cobertura de [un] vacío normativo se obvió deliberadamente cualquier trámite, valoración de garantías y requisito a cumplir» para autorizar un aval de 1,18 millones de euros con dinero público a la Sociedad Cooperativa Andaluza Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex). Este cuantioso balón de oxígeno permitió a la empresa ubicada en Tocina acceder a un préstamo bancario de 1,47 millones para refinanciar una deuda que ni siquiera evitó su quiebra y el despido de sus trabajadores.
Cuando la cooperativa solicitó el concurso de acreedores el 29 de abril de 2014, los gestores de IDEA tampoco efectuaron «reclamación alguna» para recuperar el dinero público comprometido en una sociedad cuyas cuentas hacía aguas por todos lados antes de la Administración autonómica se convirtiera en su avalista.
El resultado fue «la pérdida definitiva» de más de 1,2 millones de euros para los andaluces: 1.180.000 euros por el importe del aval, que cubría el 80% del préstamo firmado por la sociedad con la antigua entidad Cajasol, y 86.241,65 euros en comisiones que tuvo que abonar IDEA como fiadora del crédito cuando éste quedó impagado.
Subvencionada con el fondo de los ERE
La ayuda se concedió en noviembre de 2008 por «mera liberalidad», «injustamente» y «en detrimento de los fondos públicos», precisa Anticorrupción en su escrito de acusación, que contiene 35 páginas. La mayoría de las empresas en crisis no tuvo acceso a estos fondos que se repartían de forma caprichosa, sin regulación alguna y sin dejar rastro en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La gestión era tan opaca como la de la partida presupuestaria de los ERE. Precisamente de este fondo irregular salieron otros 440.000 euros a través de una subvención excepcional con destino a Cofrutex que se canalizó a través de un convenio suscrito el 26 de noviembre de 2008 por el entonces director general de Trabajo de la Junta, Juan Márquez Contreras, y el director de IDEA, Jacinto Cañete. Se justificó como una ayuda para financiar un plan de viabilidad e inversiones de la misma compañía.
Solo dos días antes de que la Consejería de Empleo comprometiera la ayuda a la cooperativa, el 24 de noviembre de 2008, se reunió el consejo rector de IDEA para autorizar el aval de 1.180.000 euros y delegar en su director general la fijación de las condiciones de concesión. Todo ello se hizo «sin cumplir trámite alguno» y «sin motivación alguna», precisa la Fiscalía. Todos los vocales de IDEA que adoptaron esta decisión están acusados: Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero. El proceso también se dirige contra los directivos de la entidad pública Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio, y contra el jefe de los servicios jurídicos de IDEA, José Antonio A. Q.
El Gobierno socialista «privó a otras empresas en igual o peor situación» de recibir las mismas ayudas por la falta de regulación
En un auto del 23 de julio pasado, el juez Vilaplana dictó lo que técnicamente se llama auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, en el que narra los hechos presuntamente delictivos y enumeraba a las personas imputadas.
Ante la solidez de los indicios criminales recabados durante la instrucción, las fiscales han pedido al juez que abra juicio oral contra los acusados y que éstos restituyan de manera conjunta y solidaria a lDEA y a la Junta de Andalucía con la cantidad de 1,26 millones de euros. Solicitan que Cofrutex sea citada en el proceso como responsable civil subsidiaria, mientras que su filial, Zumos Vega SL, «responderá al menos de 98.604,34 euros en su condición de partícipe a título lucrativo».
Un agravio para otras empresas
El presupuesto anual de la agencia para avales propios, según la ley de presupuestos de 2008, ascendía a 18 millones de euros. Aparte de la elevada cuantía destinada a una sola sociedad, el otorgamiento del aval a Cofrutex representaba una injusticia en sí misma porque «se privó a empresas que en igual o peor situación pudieran haber tenido derecho a ello y por consiguiente en detrimento de la promoción y el desarrollo de la actividad económica en Andalucía», que es el objeto que tiene asignado la Agencia IDEA en sus estatutos, esgrime Anticorrupción.
La actuación de los excargos públicos merece, a juicio de las fiscales, un severo reproche penal. «Los máximos gestores de la Agencia IDEA acusados en esta causa eran conscientes de que la cooperativa tenía un gran endeudamiento y que no iba a afrontar los vencimientos del préstamo con Cajasol», por lo que la Junta iba a ser la que «lo soportara a costa del caudal público». «Se omitió deliberadamente, en contra de la normativa vigente y que era conocida por los acusados, cualquier análisis de su idoneidad y del riesgo que se asumía», añaden.
Tampoco hubo «intención de asegurar los fondos públicos vinculados a la operación de préstamo, puesto que los bienes hipotecados como garantía no iban a permitir cubrir, en ningún caso, el importe» concedido si se ejecutaba el aval, «despojándolo de protección registral, careciendo de un seguimiento o control, efectuándose pagos anticipadamente sin ejecutar la hipoteca mobiliaria, sin amortizarse importe alguno en su venta, sin efectuarse reclamación de ningún tipo a Cofrutex hasta que quedó disuelta y extinguida», recapitula Anticorrupción en su escrito.
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