Procesados el exconsejero Francisco Vallejo y otros 13 ex altos cargos del PSOE por malversar 1,2 millones de los andaluces

Una de las beneficiarias fue la Sociedad Cooperativa Andaluza Frutera Exportadora de Sevilla (Cofrutex), que en el año 2009 recibió «de manera absolutamente injustificada y arbitraria» un aval de 1.180.000 euros como capital de un préstamo bancario. El crédito se ejecutó por impago sin que la agencia IDEA, que hizo frente al 80% de su importe con dinero público, realizara «reclamación alguna» de la cuantía de dinero público otorgada antes de la liquidación de la empresa en el año 2016.

Así lo recoge el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en un auto con el que da por finalizada esta investigación con el procesamiento de 14 ex altos cargos socialistas en Andalucía por la supuesta comisión continuada de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El imputado de mayor rango es el que fuera consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta entre los años 2004 y 2009, Francisco Vallejo, quien también fue condenado por el caso ERE). El proceso también se dirige contra tres responsables de la sociedad Cofrutex.

En total hay 17 encausados en esta pieza del llamado caso de los Avales «propios o excepcionales», que se extiende a una veintena de empresas en crisis afincadas en Andalucía que, además de las citadas ayudas, habían recibido subvenciones con cargo al fondo de los ERE por parte de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta.

La «irregular administración de fondos públicos» ocasionó a las arcas autonómicas un menoscabo superior a los 1.180.000 euros, correspondientes al aval ejecutado. La factura para la Junta se vio incrementada con «las comisiones asociadas devengadas», que ascendieron a 86.241,65 euros, «costeadas también por la agencia IDEA», detalla el auto. Como consecuencia, «el saldo final de los fondos públicos malversados» se eleva hasta 1.266.241,65 euros, según figura en el sumario.

El magistrado concluye que la sociedad cooperativa sevillana fundada en el año 1961, dedicada a la explotación, manipulación, envasado y transformación de cítricos y frutales, fue beneficiaria de una ayuda pública por razones «no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo». No existen, a su juicio, motivos técnicos que, «desde una perspectiva jurídica y financiera», permitieran justificar la concesión de esta ayuda millonaria aprobada en el consejo rector de IDEA el 24 de noviembre de 2008. Las condiciones se establecieron en marzo de 2009 mediante una resolución del ex director general de la agencia pública, Jacinto Cañete, que también está procesado.

El juez recuerda que menos de dos meses antes de la ayuda de IDEA, el 1 de octubre de 2008, la misma sociedad ya había recibido otra subvención sociolaboral por un importe de 440.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L, el conocido como fondo de los ERE, procedente de la Consejería de Empleo.

Hubo, por tanto, «una ilícita y progresiva inyección continuada de fondos públicos en favor de la sociedad Cofrutex, conculcando la legalidad vigente». Así lo certificaron los peritos de la Intervención del Estado que analizaron la ayuda por encargo del juzgado. Se le dio el dinero público «sin realizar valoración alguna sobre las garantías prestadas por la empresa beneficiaria y con evidencias —por parte de los responsables de la Agencia IDEA— de la imposibilidad de recuperar tales fondos, dada la situación de crisis económica» en la que estaba inmersa la sociedad, la escasa solvencia de «contra garantías ofrecidas» en caso de impago del préstamo y la elevada deuda que soportaba, advierte el magistrado.

El dinero público se perdió en su integridad. IDEA se hizo cargo del aval «sin intención alguna de reembolso» por parte de Cofrutex, que en julio de 2016 ya había sido liquidada tras presentar un concurso de acreedores.

«Durante toda la vida del aval» ejecutado, los responsables de la agencia IDEA no se habrían preocupado de conocer la situación real de la sociedad beneficiaria «ni habrían realizado reclamación o actuación alguna» con el objetivo de «recuperar los fondos arbitrariamente dispuestos», señala el instructor en su resolución.

El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado deja a 14 ex altos cargos y responsables autonómicos con un pie en el banquillo de los acusados. Aparte del exconsejero Francisco Vallejo, que salió de prisión el 3 de julio de 2024 por la anulación parcial de las penas del caso ERE, están procesados su exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, condenado en la misma causa, y los vocales del consejo rector de IDEA que aprobó la ayuda. Se trata de Isabel de Haro Aramberri, Ángel Garijo, Francisco del Río Muñoz, Teresa Sáez Carrascosa, María Teresa Sáez Ponte, Juan C. Soriano Hernández y Francisco Triguero.

En esta investigación están, igualmente, encausados por delitos de prevaricación y malversación los ex directores de IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde, los directivos de la entidad pública Bienvenido Martínez Martínez y Francisco Álvaro Julio, así como el jefe de los servicios jurídicos de la agencia de la Junta, José Antonio A. Q.

El proceso también se dirige contra tres ex miembros de la cooperativa: Antonio Javier I. V., Manuel J. Q. y Luis Alfonso V. F.