Andalucía acelera su plan de choque para construir 20.000 VPO: dos años de plazo para pedir licencia y tres años para hacerlas

Con este decreto, la Junta de Andalucía anticipa la puesta en marcha de algunas de las medidas recogidas en el proyecto de Ley de Vivienda que está tramitando antes de que vea la luz en el Parlamento andaluz a principios del próximo año, según ha explicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha aprobado el decreto ley. «Uno de los principales desafíos que afronta Andalucía es la falta de suelo disponible para vivienda protegida», ha señalado la responsable autonómica.

Para el Ejecutivo andaluz es crucial mover ficha con rapidez para aliviar la actual crisis residencial, un problema que se agrava en las grandes ciudades y los municipios del litoral. Para paliar la escasez de suelo disponible, la nueva norma autonómica permitirá edificar viviendas protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites que garantizan el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada integración de las actuaciones en el entorno urbano, ha detallado la consejera.

Para que estas promociones no se demoren, la Junta marca plazos a los promotores de las edificaciones. Las licencias para los proyectos de vivienda deberán solicitarse en un tiempo máximo de dos años y éstos deberán ejecutarse en un periodo de tres años. Para apretar a fondo el acelerador a estas actuaciones, no sólo se va a ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, sino que se autorizará una mayor densidad de inmuebles en parcelas que se destinen a VPO y se creará una bolsa de suelo con los ayuntamientos y se incluirán promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos.

La implicación de los ayuntamientos en este objetivo será decisivo para desarrollar el plan de choque autonómico. La consejera Rocío Díaz detalló que se le dota a los consistorios de herramientas para llevar a cabo las actuaciones. Será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible.

Entre las novedades que recoge el decreto ley está permitir cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización. Así, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a VPO.

Con este nuevo instrumento, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas. En las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20% la densidad residencial y su edificabilidad de manera proporcional. En los suelos destinados a VPO, podrá aumentar la densidad hasta el 20% y un 10% la edificabilidad.

Los precios de la vivienda en alquiler han registrado subidas porcentuales de doble dígito en las principales capitales. Para frenar esta tendencia, la Junta de Andalucía promueve la construcción de viviendas públicas para arrendamiento en parcelas de equipamientos, como ya establece la ley del suelo andaluz, conocida como Lista. La novedad es que esta compatibilidad se podrá aplicar, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social.

El plan de choque impulsado por la Consejería de Fomento también pone en marcha medidas como la posibilidad de incorporar promociones con un número significativo de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, que agilizará al máximo su ejecución.

Para entrar en esta vía rápida y eliminar burocracia, los proyectos residenciales deben cumplir dos condiciones. Tendrán que edificar al menos 250 viviendas protegidas. También podrán acogerse los planes de desarrollo de suelo residencial que contemplen más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para VPO y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible. Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyecto debe ir aparejada al compromiso del Ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos de su competencia.

Las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía buscan también la implicación de los promotores para que se involucren en la construcción de viviendas protegidas. Entre estas medidas está la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible. Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que tiene de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas.

En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Este sistema permite comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación. Los ayuntamientos tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.

Además, los promotores podrán acceder a incentivos para la construcción. Por un lado, podrá acceder a los préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover vivienda en alquiler asequible, que aporta mejores condiciones que las del mercado. De igual forma, la Junta de Andalucía abrirá nuevas convocatorias, la próxima este mismo año, de su línea subvenciones para que los promotores construyan viviendas en alquiler asequible, con precios limitados, sobre suelos públicos o privados y que al menos se mantengan durante 20 años. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda que se construya.

El Plan Vive en Andalucía se alinea a los objetivos del plan de choque. De esta manera, se actualizan los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción. Así, hay un primer grupo con las capitales de provincia, municipios de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, de un 25%; municipios con una demanda excepcional de vivienda, municipios que dan continuidad a los tejidos urbanos de las capitales o aquellos que tienen condiciones excepcionales por su actividad industrial o económica.

Igualmente, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el IPREM para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el IPREM en régimen de precio limitado.

La Consejería de Fomento ha destacado que las medidas puestas en marcha hasta la fecha han triplicado la promoción de viviendas protegidas en Andalucía, con 12.000 viviendas desde 2019 hasta el tercer trimestre de 2024. La mayoría se han desarrollado a través de líneas de trabajo como un programa, pionero en Andalucía, de subvenciones a promotores públicos y privado. Desde 2019 se han tramitado 311 millones de euros en subvenciones para 154 promociones en alquiler a precio asequible. Las nuevas medidas pretenden duplicar el ritmo de construcción de viviendas protegidas en los próximos años.

Con la idea de impulsar la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible, la Junta aprobó el Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 2020-2030 y, posteriormente, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que ha permitido agilizar la tramitación de los planes urbanísticos y su ejecución.