Andalucía se sitúa a la cola de España en gasto y usuarios de la sanidad privada con un gobierno del PP

El retraso en el diagnóstico del cribado de cáncer de mama que ha afectado a 2.317 mujeres ha dado alas a la izquierda para crear la narrativa de que la sanidad está peor que nunca con el Gobierno andaluz del PP y que el presidente Juanma Moreno tiene una estrategia en favor de «privatización». El último informe de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que defiende los intereses de las empresas privadas, deja al descubierto el cartón de ese relato sesgado de la realidad del sistema público andaluz.

El análisis del sector —poco sospechoso de contemporizar con la propaganda política— pone de manifiesto que Andalucía se sitúa a la cola de España en gasto y usuarios de la sanidad privada tras comparar el gasto de las diferentes comunidades autónomas. Apenas un 22% de los andaluces cuenta con un seguro privado. En 2019, cuando el PP llegó a la Junta, el gasto por habitante era superior: el 25%.

Según la estimación de la penetración de este tipo de pólizas en 2024, el grado de cobertura de estos contratos está por debajo de la media nacional (26%) y muy lejos de los registros que se alcanzan en la Comunidad de Madrid (37,5%), Cataluña (31,8%) y Baleares (30,8%), donde los seguros están más extendidos.

Dicho de otro modo, el 78% de la población opta, por las razones que sean (económicas, confianza o de otra índole), por la sanidad pública andaluza, a pesar de que ésta ocupa ya el primer puesto en el ránking de los problemas que más afectan a los andaluces, por encima del empleo, según se desprende del último barómetro publicado el pasado 20 de octubre por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), el denominado CIS andaluz, basado en 3.600 entrevistas.

Andalucía se encuentra también en el puesto duodécimo de 17 autonomías en la distribución del gasto sanitario privado por ciudadano: 660 euros. De esta cuantía, los andaluces pagaron de su bolsillo siete de cada diez euros (473 euros) para pagar consultas o medicamentos, y el resto (187 euros), a través del aseguramiento, según el informe de IDIS, publicado en abril de 2025, que se basa en las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad. La media nacional se sitúa en 738 euros.

A la cabeza en desembolso privado se encuentran Madrid (910 euros) Cataluña (870), Aragón (864), Galicia (783), Baleares (754) o País Vasco (743), mientras que las que menos invierten por habitante son Canarias (553) y la Región de Murcia (499).

Noticia Relacionada

Los datos que desmienten a la ministra de Sanidad: el SAS solo dedica el 3,1% de su gasto a clínicas privadas

Antonio R. Vega

Las estadísticas del propio Ministerio revelan que Andalucía es una de las comunidades en las que los conciertos tienen menos peso en su presupuesto sanitario, cinco veces menos que Cataluña

Los datos publicados por el Ministerio apuntan a una evolución ascendente del gasto sanitario per cápita en toda España. Según la proyección de 2024 recogida en el estudio el gasto se sitúa en 2.146 euros por habitante, siendo el País Vasco (3,.081 euros ) la región con mayor gasto y Andalucía, la última (1.735 euros). Los datos no reflejan aún que en 2025 abandonó el farolillo rojo por primera vez en décadas con un desembolso de 1.765 euros per cápita.

En contra del relato hegemónico de la izquierda, la sanidad pública cada vez consume más porción de los presupuestos en Andalucía. Y esta tendencia se aprecia también en la evolución que publica la fundación que defiende los intereses de la privada. El gasto per cápita en el sistema público andaluz se ha incrementado casi un 63% desde 2013, el último año (hasta septiembre) que estuvo al frente de la consejera de Salud María Jesús Montero, la actual secretaria regional del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. En 2013, cuando empezaron a aplicarse los recortes motivados por la anterior crisis económica, el Ejecutivo andaluz del PSOE, gastaba 1.065 euros por habitante, según la citada fundación privada. En 2018, el último ejercicio de Susana Díaz, la cuantía alcanzaba los 1.220 euros, 515 euros menos que el Gobierno de Juanma Moreno en 2024 (1.735).

En su doble condición de 'número dos' de Pedro Sánchez y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones que se celebrarán la próxima primavera, María Jesús Montero ha establecido una relación directa entre la crisis de los cribados y lo que ha denominado el «desmantelamiento» de la sanidad pública en favor de los intereses privados. Durante la sesión de control al Gobierno que tuvo lugar en el Congreso el pasado 22 de octubre, proclamó lo siguiente: «Si es un error puntual, ¿por qué anunciaron una remodelación profunda del Servicio Andaluz de Salud (SAS)? ¿A qué modelo nos conducen? Al de los seguros privados, que han aumentado en Andalucía un 35%».

La dirigente socialista no acotaba el periodo en el que se había producido esa contratación masiva de seguros privados en Andalucía. Pero los datos de la patronal del sector asegurador, Unespo, no avalan esa afirmación. El número de andaluces que tienen una póliza de salud era de 1.993.880 en 2024, que son 405.248 más de los que que había en 2018, un 25,5% más. Lo más llamativo es que el furor por los seguros médicos fue más notable entre 2011 y 2018, cuando la contratación aumentó un 29%, coincidiendo con la mayor poda del presupuesto público en sanidad.

El informe de IDIS también echa por tierra que cada vez tengan más peso los conciertos con clínicas privadas en las cuentas de la Junta de Andalucía. En 2023, según los últimos datos recogidos en este estudio, la comunidad destinó 594 millones de euros, un 4,2% del gasto sanitario público, a contratos con empresas para aligerar listas de espera, pruebas (como las diálisis) o transporte sanitario. Cataluña, gobernada hasta agosto de 2024 por el partido independentista de izquierdas ERC (socio parlamentario de Pedro Sánchez), dedicó 3.489 millones y el 21,9%, casi el doble que Madrid (1.409 millones y el 11,8%).